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[1755] • JUAN PABLO II (1978-2005) • ATENDER A LA PECULIARIDAD DE CADA SITUACIÓN CON FIDELIDAD A LA VERDAD
Del Discurso La ringrazio, al Tribunal de la Rota Romana en la Inauguración del Año Judicial, 22 enero 1996
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2. La auténtica naturaleza de los procesos de nulidad matrimonial puede descubrirse, ciertamente, por su objeto propio, pero también por su misma colocación dentro de la normativa canónica que regula la instrucción, el desarrollo y la definición del proceso.
De esta forma el legislador, mientras que, por una parte, ha establecido algunas normas específicas para las causas de nulidad matrimonial (ct. can. 1671 ss. C.I.C.; can. 1357 ss. C.C.E.O.), por otra parte, ha dispuesto que, además, deben aplicarse en ellas los cánones “de iudiciis en genere et de iudicio contentioso ordinario” (can. 1691 C.I.C.; can. 1376 C.C.E.O.) Al mismo tiempo, ha recordado expresamente que se trata de causas relativas al estado de las personas, es decir, a su posición en relación con el ordenamiento canónico (cf. can. 1691 C.I.C) y al bien público de la Iglesia (cf. can. 1691 C.I.C.; can. 1376 C.C.E.O.).
No sería posible, sin estas premisas, entender las diversas prescripciones de ambos Códigos, tanto latino como oriental en los que aparece, de forma preferente, la actividad del poder público. Piénsese, por ejemplo, en el papel que desempeña el Juez al dirigir la fase de instrucción del proceso, supliendo incluso la negligencia de las mismas partes; o bien en la indispensable presencia del defensor del vínculo, en su calidad de tutor del sacramento y de la validez del matrimonio; o bien, incluso, en la iniciativa ejercida por el promotor de justicia cuando es parte activa en determinados casos.
Con todo, la actual legislación de la Iglesia muestra, al mismo tiempo, viva sensibilidad ante la exigencia de que el estado de las personas, si es puesto en tela de juicio, no permanezca demasiado tiempo sujeto a duda. De aquí deriva la posibilidad de recurrir a diversos tribunales para lograr mayor facilidad procesal (cf. can. 1673 C.I.C.; can. 1359 C.C.E.O.); así también, en grado de apelación, la atribución de competencia sobre nuevos capítulos de nulidad que hay que juzgar “tamquam in prima instantia” (cf. can. 1683 C.I.C.; can. 1369 C.C.E.O.); o también el proceso abreviado de apelación, después de una sentencia que declare la nulidad, eliminadas todas las formalidades procesales y decidido con un simple decreto de ratificación (cf. can. 1682 C.I.C.; can. 1368 C.C.E.O.).
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3. Pero sobre todo esto sobresale la naturaleza pública del proceso de nulidad matrimonial y al mismo tiempo la especificidad jurídica de certificación de un estado, que es la constatación procesal de una realidad objetiva, es decir, de la existencia de un vínculo válido o nulo.
Esta calificación no puede quedar oscurecida, en el procedimiento efectivo, por estar inserto el expediente de nulidad en el más amplio marco procesal contencioso. Es necesario, además, recordar que los cónyuges, los que, por otra parte, tienen derecho de solicitar la nulidad del propio matrimonio, no tienen, sin embargo, ni el derecho a la nulidad ni el derecho a la validez del mismo. No se trata, en realidad, de promover un proceso que se resuelva definitivamente en una sentencia constitutiva, sino más bien de la facultad jurídica de proponer a la autoridad competente de la Iglesia la cuestión sobre la nulidad del propio matrimonio, solicitando una decisión al respecto.
Eso no quita, tratándose de una cuestión que atañe a la definición del propio estado personal, que se reconozcan y concedan a los cónyuges los derechos procesales esenciales: ser escuchados en juicio, aducir pruebas documentales, periciales y testimoniales, conocer todas los actas del proceso y presentar las respectivas “defensas”.
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4. Jamás, sin embargo, deberá olvidarse que se trata de un bien no disponible y que la finalidad suprema es la verificación de una verdad objetiva, que afecta también al bien público. En esta perspectiva, actos procesales como la proposición de ciertas incidentales”, o comportamientos moratorios, extraños, no influyentes o que, incluso, impiden alcanzar dicho fin, no pueden admitirse en el juicio canónico.
Objeto de pretexto, por tanto, aparece, en este marco general, el recurso a querellas fundadas sobre presuntas lesiones del derecho de defensa, como también la pretensión de aplicar al juicio de nulidad matrimonial normas de procedimiento, que tienen valor en procesos de otra naturaleza, pero totalmente incongruentes con causas que nunca pasan en cosa juzgada.
Estos principios han de elaborarse y traducirse en una clara praxis judicial, sobre todo por obra de la jurisprudencia del Tribunal de la Rota Romana, de modo que no se tergiversen la ley universal y particular, ni los derechos de las partes legítimamente admitidas en el juicio, solicitando también enmiendas al legislador, o sea, una normativa de aplicación específica del Código, tal como ya sucedió en el pasado (cf. Instructio S. Congregationis de disciplina sacramentorum, “Provida Mater Ecclesia”, 15 augusti 1936).
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5. Confío que estas reflexiones sirvan para eliminar obstáculos que se podrían interponer a la pronta definición de las causas. Pero, para un juicio congruo sobre las mismas, no considero menos relevantes algunas consideraciones sobre la necesidad de valorar y deliberar los casos uno por uno, teniendo en cuenta la individualidad de la persona y, al mismo tiempo, la peculiaridad de la cultura en la que ha crecido y actúa.
Ya al inicio de mi Pontificado, queriendo explicar con claridad la verdad sobre la dignidad humana, subrayé que el hombre es un ser uno, único e irrepetible (cf. AAS 71, 1979, 66).
Esta irrepetibilidad concierne a la persona humana, no entendida de forma abstracta, sino insertada en la realidad histórica, étnica, social y, sobre todo cultural, que la caracteriza en su singularidad. Se debe reafirmar, de todas formas, el principio fundamental e irrenunciable de la intangibilidad de la ley divina tanto natural como positiva, formulada auténticamente en la normativa canónica sobre las materias específicas.
Nunca se tratará, por lo tanto, de someter la norma objetiva al beneplácito de las personas privadas, ni mucho menos de darle a la misma una aplicación y un significado arbitrarios. Igualmente debe tenerse constantemente presente que cada institución jurídica definida por la ley canónica –pienso de modo particular en el matrimonio, en su naturaleza, en sus propiedades y en sus fines connaturales– tiene, y deben conservar siempre, y en todo caso, su propio valor y su propio contenido esencial.
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6. Pero teniendo en cuenta que la ley abstracta se aplica a casos individuales concretos, misión de gran responsabilidad es la de valorar en sus diferentes aspectos los casos específicos para establecer si se ajustan y de qué modo, a lo que prevé la normativa. Es precisamente en esta fase donde tiene su función más propia la prudencia del Juez; aquí verdaderamente “dicit ius”, cumpliendo la ley y su finalidad, más allá de categorías mentales preconcebidas, válidas tal vez para una determinada cultura y para un particular período histórico, pero que desde luego no pueden aplicarse de forma apriorística siempre, en todo lugar y a cada caso.
Por otra parte, la misma jurisprudencia de este Tribunal de la Rota Romana, traducida también y consagrada en no pocos cánones de la vigente legislación canónica, no habría podido desarrollarse, perfeccionarse y afinarse, si no hubiera prestado atención, con valentía pero también con prudencia, a una antropología más articulada, es decir, a una concepción del hombre que deriva del progreso de las ciencias humanísticas, iluminadas por una visión filosófica y teológica clara y auténticamente fundada.
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7. Así, vuestra delicadísima función judicial se sitúa y, en cierto modo, confluye en el esfuerzo secular con el que la Iglesia, al encontrarse con las culturas de todos los tiempos y lugares, ha asumido de ellas todo lo que ha hallado esencialmente válido y congruente con las exigencias inmutables de la dignidad del hombre, creado a imagen de Dios.
Estas reflexiones tiene valor para todos los Jueces de los Tribunales que funcionan en la Iglesia, pero parecen adaptarse mucho más a vosotros, Prelados Auditores de un Tribunal al que, por definición y por competencia fundamental, se remiten las demandas de apelación desde todos los continentes de la tierra. Por lo tanto, no por una cuestión de pura imagen, sino por coherencia con la misión que se os ha confiado, el primer artículo de las Normas de la Rota Romana establece que el Colegio de los Jueces esté constituido por Prelados Auditores “e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontífice selecti”. Así, pues, vuestro Tribunal es internacional, recibe las aportaciones de las más diversas culturas y las armoniza con la luz superior de la verdad revelada.
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8. Estoy seguro de que estas reflexiones encontrarán plena adhesión en vuestro espíritu de Jueces prudentes y iluminados, así como en el de todos los que colaboran con la actividad judicial de la Rota: promotores de justicia, defensores del vínculo y abogados rotales. Exhorto a todos a cultivar idénticos propósitos, tanto en lo que respecta a las iniciativas procesales como en lo concerniente a la profundización del estudio de cada causa.
Al desear para vosotros la abundancia de las gracias y de las luces, imploradas al Espíritu de verdad en la liturgia con la que ha empezado este días inaugural del año judicial, os imparto a todos una especial bendición apostólica como signo de estima por vuestra generosa dedicación al servicio de la Iglesia.
[E 56 (1996), 209-210]
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2. L’autentica natura dei processi di nullità di matrimonio è desumibile, oltre che dal loro oggetto proprio, dalla stessa loro collocazione all’interno della normativa canonica che regola l’instaurarsi, lo svolgersi e il definirsi del processo.
Così il Legislatore, mentre da una parte ha stabilito alcune norme specifiche per le cause di nullità di matrimonio (1), dall’altra ha disposto che, per il resto, in esse debbano applicarsi i canoni “de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario” (2). Nello stesso tempo, ha espressamente ricordato che si tratta di cause attinenti allo stato delle persone, cioè alla loro posizione in rapporto all’ordinamento canonico (3) e al bene pubblico della Chiesa (4).
Non sarebbe possibile, senza queste premesse, intendere varie prescrizioni di entrambi i Codici, sia latino che orientale, in cui appare prevalente l’attività del pubblico potere. Si pensi, ad esempio, al ruolo che svolge il Giudice nel guidare la fase istruttoria del processo, supplendo anche alla negligenza delle stesse parti; oppure all’indispensabile presenza del difensore del vincolo, in quanto tutore del sacramento e della validità del matrimonio; oppure, ancora, all’iniziativa esercitata dal promotore di giustizia nel farsi parte attrice in determinati casi.
Nello stesso tempo, tuttavia, l’attuale legislazione della Chiesa mostra viva sensibilità per l’esigenza che lo stato delle persone, se messo in discussione, non resti troppo a lungo soggetto a dubbio. Da ciò deriva la possibilità di adire diversi tribunali in ordine ad una maggiore facilità istruttoria (5); così pure, in grado di appello, l’attribuzione di competenza su nuovi capi di nullità da giudicare “tamquam in prima instantia” (6); od anche il processo abbreviato di appello, dopo una sentenza che dichiari la nullità, eliminate tutte le formalità processuali e con decisione data con semplice decreto di ratifica (7).
1. Cfr. can. 1671 ss. C.I.C.; can. 1357ss. C.C.E.O.
2. can. 1691 C.I.C.; can. 1376 C.C.E.O.
3. Cfr. can. 1691 C.I.C.
4. Cfr. can. 1691 C.I.C.; can. 1376 C.C.E.O.
5. Cfr. can. 1673 C.I.C.; can. 1359 C.C.E.O.
6. Cfr. can. 1683 C.I.C.; can. 1369 C.C.E.O.
7. Cfr. can. 1682 C.I.C.; can. 1368 C.C.E.O.
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3. Ma su tutto sovrasta la natura pubblicistica del processo di nullità di matrimonio ed insieme la specificità giuridica di accertamento di uno stato, che è la constatazione processuale di una realtà oggettiva, dell’esistenza cioè di un vincolo valido oppure nullo.
Questa qualificazione non può essere oscurata, nella procedura effettiva, dall’essere il processo di nullità inserito nel più ampio quadro processuale contenzioso. Occorre, inoltre, ricordare che i coniugi, ai quali peraltro compete il diritto di accusare la nullità del proprio matrimonio, non hanno però né il diritto alla nullità né il diritto alla validità di esso. Non si tratta, in realtà, di promuovere un processo che si risolva definitivamente in sentenza costitutiva, ma piuttosto della facoltà giuridica di proporre alla competente autorità della Chiesa la questione circa la nullità del proprio matrimonio, sollecitandone una decisione in merito.
Ciò non toglie che ai coniugi medesimi, trattandosi di questione attinente alla definizione del proprio stato personale, siano riconosciuti e concessi gli essenziali diritti processuali: essere ascoltati in giudizio, addurre prove documentali, peritali e testimoniali, conoscere tutti gli atti istruttori, presentare le rispettive “difese”.
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4. Mai, tuttavia, dovrà dimenticarsi che si tratta di un bene indisponibile e che finalità suprema è l’accertamento di una verità oggettiva, che tocca anche il bene pubblico. In questa prospettiva, atti processuali quali la proposizione di certe “questioni incidentali”, o comportamenti moratori, estranei, ininfluenti o che addirittura impediscono il raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio canonico.
Pretestuoso, quindi, appare, in questo quadro generale, il ricorso a querele fondate su presunte lesioni del diritto di difesa, come pure la pretesa di applicare al giudizio di nullità di matrimonio norme di procedura, valevoli in processi di altra natura, ma del tutto incongruenti con cause le quali non passano mai in cosa giudicata.
Sono principi, questi, che occorre elaborare e tradurre in chiara prassi giudiziaria, soprattutto ad opera della giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, così che non sia fatta violenza alla legge universale e particolare, ni ai diritti delle parti legittimamente ammesse in giudizio, sollecitando anche correttivi dal legislatore ovvero una normativa di attuazione specifica del Codice, così come già è avvenuto nel passato (8).
8. Cfr. Instructio S. Congregationis de disciplina Sacramentorum “Provida Mater Ecclesia”, 15 augusti 1936.
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5. Confido che queste riflessioni valgano a rimuovere ostacoli che si potrebbero frapporre alla sollecita definizione delle cause. Ma, per un congruo giudizio su di esse, non meno rilevanti ritengo alcuni richiami circa la necessità di valutare e deliberare su ogni singolo caso, tenendo conto della individualità del soggetto e insieme della peculiarità della cultura in cui esso è cresciuto ed opera.
Già all’inizio del mio Pontificato, volendo enucleare la verità sulla dignità umana, sottolineavo che l’uomo è un essere uno, unico e irripetibile (9).
Tale irripetibilità riguarda l’individuo umano, non astrattamente inteso, ma immerso nella realtà storica, etnica, sociale e soprattutto culturale, che lo caratterizza nella sua singolarità. Va, comunque, riaffermato il principio fondamentale e irrinunciabile della intangibilità della legge divina sia naturale sia positiva, autenticamente formulata nella normativa canonica sulle specifiche materie.
Non si tratterà mai, quindi, di piegare la norma oggettiva al beneplacito dei soggetti privati, né tanto meno di dare ad essa un significato ed un’applicazione arbitrari. Parimenti deve essere tenuto costantemente presente che i singoli istituti giuridici definiti dalla legge canonica –penso in modo particolare, al matrimonio, alla sua natura, alle sue proprietà, ai suoi fini connaturali– hanno e debbono sempre ed in ogni caso conservare la propria valenza ed il proprio contenuto essenziale.
9. Cfr. AAS 71, 1979, 66.
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6. Ma poichè, la legge astratta trova la sua attuazione calandosi in singole fattispecie concrete, compito di grande responsabilità è quello di valutare nei loro vari aspetti i casi specifici per stabilire se e in qual modo essi rientrino nella previsione normativa. È appunto in questa fase che esplica il suo ruolo più proprio la prudenza del Giudice; qui egli veramente “dicit ius”, realizzando la legge e la sua finalità, al di fuori di categorie mentali preconcette, valevoli forse in una determinata cultura ed in un particolare periodo storico, ma certamente non aprioristicamente applicabili sempre e dovunque e per ogni singolo caso.
Del resto, la stessa giurisprudenza di codesto Tribunale della Rota Romana, tradotta poi e quasi consacrata in non pochi canoni della vigente legislazione codiciale, non avrebbe potuto esplicarsi, perfezionarsi ed affinarsi, se non avesse coraggiosamente, seppur prudentemente, posto attenzione ad una più articolata antropologia, ossia ad una concezione dell’uomo derivante dal progredire delle scienze umanistiche, illuminate da una visione filosofica e teologica chiara ed autenticamente fondata.
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7. Così la vostra delicatissima funzione giudiziaria si situa e, in qualche modo, si incanala nello sforzo secolare con cui la Chiesa, incontrandosi con le culture di ogni tempo e luogo, ha assunto quanto ha trovato di essenzialmente valido e congruente con le immutabili esigenze della dignità dell’uomo, fatto a immagine di Dio.
Se queste riflessioni hanno valore per tutti i Giudici dei Tribunali che operano nella Chiesa, tanto maggiormente esse sembrano adattarsi a voi, Prelati Uditori di un Tribunale al quale, per definizione e per primaria competenza, sono devoluti in appello i processi da tutti i Continenti della terra. Non, quindi, per una questione di pura immagine, ma per coerenza con il compito che vi è affidato, il primo articolo delle Norme della Rota Romana prevede che il Collegio dei Giudici sia costituito da Prelati Uditori “e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti”. Tribunale internazionale, quindi, è il vostro che raccoglie in sè, gli apporti delle più diverse culture e li armonizza nella superiore luce della verità rivelata.
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8. Sono certo che queste riflessioni troveranno piena adesione nel vostro animo di Giudici prudenti ed illuminati, come pure in quello di quanti collaborano con l’attività giudiziaria della Rota: promotori di giustizia, difensori del vincolo, avvocati rotali. Tutti esorto a nutrire identici intenti, sia per quanto riguarda le iniziative processuali sia per quanto concerne l’approfondimento dello studio delle singole cause.
Nell’auspicare per voi l’abbondanza delle grazie e dei lumi, invocati dallo Spirito di verità nella liturgia che ha dato inizio a questo giorno inaugurale dell’anno giudiziario, a tutti imparto, quale segno di apprezzamento per la generosa dedizione a servizio della Chiesa, una speciale Benedizione Apostolica.
[AAS 88 (1996), 774-777]