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[1801] • JUAN PABLO II (1978-2005) • LA NECESIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Del Mensaje Sono lieto, a los participantes en un congreso sobre “La tutela del Menor”, organizado por la Unión de Juristas Católicos Italianos, 6 diciembre 1996
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2. En nuestro siglo, al principio lentamente, después siempre con mayor determinación, ha ido aumentando la conciencia de la necesidad de tomar en consideración la exigencia, siempre actual, de la tutela de los menores. De tales instancias se han hecho cargo, de modo obligado, los juristas, promoviendo en los últimos decenios el nacimiento y la consolidación de una nueva rama de la ciencia jurídica, el derecho del menor, el cual constituye ya un campo autónomo de reflexión y de estudio. Dentro de un sistema que reconoce al adulto como su sujeto “típico”, dotado de plena capacidad de obrar, el menor aparece como un sujeto débil. Sin embargo, ya que la más profunda y noble vocación de la ley es la de tutelar al débil, el derecho del menor se acredita siempre con mayor claridad como un precioso ámbito del ordenamiento jurídico, el cual requiere, más que otros, ser continuamente actualizado y desarrollado, a causa de la inmensa carga de valores que, por su misma constitución, aquél lleva consigo.
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3. Desde hace muchos años, la Comunidad Internacional ha asumido, en lo que concierne a la tutela del menor, una actitud merecedora de ser señalada como ejemplo. Ya en el lejano 1924, se suscribía la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, texto dotado de una gran relevancia; a ésta le siguió, en 1948, la Declaración internacional de derechos del hombre. En este documento se contienen dos principios fundamentales respecto a la tutela del menor: se afirma, de hecho, que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (art. 16. 3), y que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (art. 25. 2). Tras este texto, han ido apareciendo numerosos documentos, entre ellos la Declaración de los derechos del niño, adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, la cual se articula a través de un preámbulo y diez principios. Debe ser citada, por último, la Convención internacional sobre los derechos de la infancia, adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Ésta establece el criterio fundamental que debe guiar la actuación del legislador, del juez y de todo jurista, en aquellas situaciones de conflicto entre los intereses de los adultos y los de los menores: debe ser reconocida siempre la preeminencia de estos últimos. La Convención está instando a todos aquellos que dirigen su atención al mundo del menor, a llevar a cabo una vital función de estímulo a nivel ideológico y cultural. Ésta constituye, a su vez, una etapa fundamental en el largo camino que la Comunidad internacional debe recorrer hacia la eficaz protección de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes.
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4. La sucesión de declaraciones jurídicas internacionales en favor de la infancia, constituye ciertamente un hecho confortante que, sin embargo, denota la debilidad de su situación, a veces trágica, en las sociedades actuales. Por desgracia, asistimos no pocas veces a un fenómeno que está caracterizando de modo llamativo nuestro tiempo: el debilitamiento, en los Países denominados “avanzados”, de los vínculos intergeneracionales. En efecto, apostando por la primacía de ideologías individualísticas, la sociedad actual contribuye a hacer mucho más frágiles los vínculos familiares, ofreciendo siempre menos resistencia al desvanecimiento de las uniones conyugales. De este modo, dicha sociedad acarrea, objetivamente, a los menores altísimos costes humanos, morales y psicológicos. En defensa de los niños y de los adolescentes, los ordenamientos jurídicos tratan a menudo de reparar una injusticia, que afecta a los propios menores, de la cual los mismos ordenamientos son en parte responsables: ésta no es otra que el privarles de su ámbito vital de crecimiento y maduración, que es la familia. A pesar de todo, la sensatez de todo tiempo y de todo pueblo sostiene el derecho natural del menor respecto de la familia, caracterizando la situación del huérfano y del niño abandonado como una de las más trágicas experiencias del ser humano. En nuestros días, a la progresiva disminución de los huérfanos “por naturaleza”, se le contrapone a menudo un tristísimo y continuo aumento del número de niños abandonados, si no legalmente, al menos psicológicamente. ¿Cómo olvidar tantos niños explotados del modo más deshonesto y brutal, o también mediante formas más sutiles, pero de todos modos perversas, típicas de la moderna sociedad del espectáculo? ¿O también aquellos condenados a crecer en ambientes degradados económica, moral y afectivamente? El cuidado de estos niños, la defensa de sus prerrogativas fundamentales y la tarea de hacerles crecer de modo normal, constituyen un fundamental deber de justicia, el cual ni los ordenamientos jurídicos ni los juristas pueden ignorar. Se trata de una batalla larga y compleja, de la cual no nos podemos mantener al margen, ya que representa una de las múltiples vertientes de la defensa de la vida, deber irrenunciable para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo.
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5. Y, ¿qué decir también de la criminalidad infantil y de la disminución de la edad en la cual los menores ceden ante el atractivo de la violencia criminal? Muchas son las causas; pero, probablemente, la más importante está íntimamente relacionada con la situación de abandono de los menores. No existen, de hecho, delincuentes por naturaleza, ni siquiera niños que nacen con tendencia al crimen. La criminalidad infantil es hija de las experiencias negativas que, directa o indirectamente, sufren de inmediato los pequeños cuando se les ha privado del afecto y del calor familiar. Esta consideración nos debe inducir a reflexionar acerca de una seria y eficaz labor de prevención. Los expertos en política social afirman que los costes derivados de afrontar y reprimir el crecimiento de la criminalidad infantil, tienden a hacerse insoportables. Éstos, además, sostienen que ningún esfuerzo encaminado a la represión producirá los efectos deseados, si no se acompaña de sabias medidas de prevención.
No se debe, además, olvidar que la criminalidad en el menor es, a menudo, la respuesta a un mundo que ha olvidado el deber de hacerse cargo de él. Estas consideraciones deben tenerse en cuenta respecto al tratamiento penal de los menores delincuentes, uno de los capítulos más delicados de la actual ciencia del derecho penal, el cual requiere un particular esfuerzo científico y humano por parte de los juristas. Nunca como en estos casos, en efecto, al derecho se le encarga la tarea, no de excluir de la sociedad, sino de recuperar a todos aquellos que se han extraviado, a causa de su debilidad e indefensión. Se trata de una labor noble y, en sí misma, difícil, que exige del jurista un alto grado de fidelidad a la ley y a la justicia, pero, ante todo, a la compasión y a la esperanza. Es preciso, efectivamente, intentar ofrecer al menor una auténtica posibilidad de arrepentirse y enmendarse, y, sobre todo, la posibilidad de recuperar una relación positiva y constructiva con los valores y los entornos de vida.
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2. Nel nostro secolo, prima lentamente, poi con sempre maggiore determinazione, è andata crescendo la coscienza della necessità di prendere in considerazione le esigenze, sempre attuali, di tutela dei minori. Di tali istanze i giuristi si sono doverosamente fatti carico, promuovendo negli ultimi decenni la nascita e il consolidarsi di un nuovo ramo della scienza giuridica, il diritto minorile, che costituisce ormai un autonomo campo di riflessione e di studi. All’interno di un sistema che riconosce nell’adulto il proprio soggetto “tipico”, dotato di piena capacità di agire, il minore appare come un soggetto debole. Tuttavia, poichè la più profonda e nobile vocazione della legge è quella di tutelare il debole, il diritto minorile si accredita con sempre maggiore chiarezza come un ambito prezioso dell’ordinamento giuridico, che richiede, più di altri, di essere continuamente aggiornato e sviluppato per l’immensa carica di valore di cui è costitutivamente investito.
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3. Da molti anni ormai la Comunità Internazionale ha assunto, nei confronti della tutela dei minori, un atteggiamento meritevole di essere additato ad esempio. Già nel lontano 1924 veniva sottoscritta la Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo, testo dotato di una grande significatività; ad esso fece seguito, nel 1948, la Dichiarazione internazionale dei diritti dell’Uomo. In questo documento sono contenuti due principi fondamentali sulla tutela del minore: si afferma, infatti, che “la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato” (art. 163) e che “la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale” (art. 252). Dopo questo testo sono apparsi numerosi altri documenti, tra i quali la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 e articolata in un preambolo e in dieci principi. Va citata, infine, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa stabilisce il criterio fondamentale che deve guidare il legislatore, il giudice, il giurista nelle situazioni di conflitto tra gli interessi degli adulti e quelli dei minori: agli interessi dei minori deve essere sempre riconosciuta la precedenza. La Convenzione sta assolvendo ad una vitale funzione di stimolo ideale e culturale nei confronti di tutti coloro che volgono le loro attenzioni al mondo dei minori. Essa costituisce, altresì, una tappa fondamentale nel lungo cammino della Comunità internazionale verso l’efficace protezione dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti.
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4. Il susseguirsi di dichiarazioni giuridiche internazionali a favore dell’infanzia costituisce certo un fatto confortante, che tuttavia denota la sua debole ed a volte tragica situazione nelle società odierne. Assistiamo, purtroppo, non di rado, ad un fenomeno che sta vistosamente caratterizzando i nostri anni: l’indebolirsi, nei Paesi cosiddetti “avan zati”, dei vincoli tra le generazioni. Infatti, accogliendo il primato di ideologie individualistiche, la società di oggi contribuisce a rendere molto fragili i vincoli familiari, offrendo sempre meno resistenze al vanificarsi delle unioni coniugali. In tal modo, essa scarica obiettivamente sui minori costi umani, morali e psicologici altissimi. Difendendo i bambini e gli adolescenti, gli ordinamenti giuridici cercano spesso di riparare ad una ingiustizia nei confronti dei minori, della quale i medesimi ordinamenti sono almeno in parte responsabili: quella, cioè, di sottrarre loro quell’ambito vitale di crescita e di maturazione che è la famiglia. Eppure la saggezza di ogni tempo e di ogni popolo sostiene il diritto naturale dei minori nei confronti della famiglia, identificando nella situazione dell’orfano e del bambino abbandonato una delle più tragiche esperienze dell’essere umano. Nel nostro tempo, al progressivo diminuire degli orfani “per natura”, corrisponde spesso un tristissimo e continuo incremento di bambini abbandonati, se non legalmente, almeno psicologicamente. Come non ricordare poi i tanti bambini sfruttati nel modo più turpe e brutale, o in forme più sottili, ma altrettanto perverse, tipiche della moderna società dello spettacolo? o quelli condannati a crescere in ambienti degradati economicamente, moralmente ed affettivamente? La cura di questi bambini, la difesa delle loro spettanze fondamentali e l’impegno a farli crescere in modo normale corrispondono ad un fondamentale dovere di giustizia, che ordinamenti giuridici e giuristi non possono ignorare. Si tratta di una battaglia lunga e complessa, alla quale non ci si può sottrarre, perchè rappresenta una delle molteplici facce della difesa della vita, impegno irrinunciabile per gli uomini e le donne del nostro tempo.
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5. Che dire poi della criminalità minorile e dell’abbassarsi dell’età in cui i minori cedono al fascino della violenza criminale? Molte sono le cause, ma probabilmente la più importante va individuata proprio nella situazione di abbandono dei minori. Non esistono, infatti, delinquenti per natura, né bambini che nascono con la tendenza al crimine. La criminalità minorile è figlia delle esperienze negative che direttamente o indirettamente i piccoli hanno subito quando si è loro sottratto l’affetto e il calore familiare. Questa considerazione non può non indurci a riflettere su una seria ed efficace opera di prevenzione. Gli studiosi di politica sociale affermano che i costi per fronteggiare e reprimere lo sviluppo della criminalità minorile tendono a divenire insopportabili. Essi, inoltre, sostengono che nessuno sforzo di repressione potrà produrre gli effetti desiderati, se non verrà associato a sagge misure di prevenzione.
Non si deve poi dimenticare che la criminalità nel minore è spesso la risposta ad un mondo che ha dimenticato il dovere di prendersi cura di lui. Di tali considerazioni dovrà tener conto il trattamento penale dei minori delinquenti, uno dei capitoli più delicati dell’odierna scienza del diritto penale, che richiede il particolare impegno scientifico ed umano dei giuristi. Mai come in questi casi, infatti, al diritto è affidato il compito non di escludere dalla società, ma di recuperare ad essa quanti si sono smarriti, perchè deboli ed indifesi. Si tratta di un compito nobile ed insieme difficile che suppone nel giurista molteplici fedeltà alla legge e alla giustizia ma, prima ancora, alla compassione e alla speranza. Occorre, infatti, mirare ad offrire al minore un’autentica possibilità di pentimento e di ravvedimento e, soprattutto, la possibilità di recuperare un rapporto positivo e costruttivo con i valori e gli ambienti di vita.
[Insegnamenti GP II, 19/2, 903-905]