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4. El camino para la realización del bien común y de la paz pasa ante todo por el respeto de la vida humana, considerada en sus múltiples aspectos, desde su concepción, en su desarrollo y hasta su fin natural. Auténticos trabajadores por la paz son, entonces, los que aman, defienden y promueven la vida humana en todas sus dimensiones: personal, comunitaria y transcendente. La vida en plenitud es el culmen de la paz. Quien quiere la paz no puede tolerar atentados y delitos contra la vida.
Quienes no aprecian suficientemente el valor de la vida humana y, en consecuencia, sostienen por ejemplo la liberación del aborto, tal vez no se dan cuenta que, de este modo, proponen la búsqueda de una paz ilusoria. La huida de las responsabilidades, que envilece a la persona humana, y mucho más la muerte de un ser inerme e inocente, nunca podrán traer felicidad o paz. En efecto, ¿cómo es posible pretender conseguir la paz, el desarrollo integral de los pueblos o la misma salvaguardia del ambiente, sin que sea tutelado el derecho a la vida de los más débiles, empezando por los que aún no han nacido? Cada agresión a la vida, especialmente en su origen, provoca inevitablemente daños irreparables al desarrollo, a la paz, al ambiente. Tampoco es justo codificar de manera subrepticia falsos derechos o libertades, que, basados en una visión reductiva y relativista del ser humano, y mediante el uso hábil de expresiones ambiguas encaminadas a favorecer un pretendido derecho al aborto y a la eutanasia, amenazan el derecho fundamental a la vida.
También la estructura natural del matrimonio debe ser reconocida y promovida como la unión de un hombre y una mujer, frente a los intentos de equipararla desde un punto de vista jurídico con formas radicalmente distintas de unión que, en realidad, dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel insustituible en la sociedad.
Estos principios no son verdades de fe, ni una mera derivación del derecho a la libertad religiosa. Están inscritos en la misma naturaleza humana, se pueden conocer por la razón, y por tanto son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia al promoverlos no tiene un carácter confesional, sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa. Esta acción se hace tanto más necesaria cuanto más se niegan o no se comprenden estos principios, lo que es una ofensa a la verdad de la persona humana, una herida grave inflingida a la justicia y a la paz.
Por tanto, constituye también una importante cooperación a la paz el reconocimiento del derecho al uso del principio de la objeción de conciencia con respecto a leyes y medidas gubernativas que atentan contra la dignidad humana, como el aborto y la eutanasia, por parte de los ordenamientos jurídicos y la administración de la justicia.
Entre los derechos humanos fundamentales, también para la vida pacífica de los pueblos, está el de la libertad religiosa de las personas y las comunidades. En este momento histórico, es cada vez más importante que este derecho sea promovido no sólo desde un punto de vista negativo, como libertad frente –por ejemplo, frente a obligaciones o constricciones de la libertad de elegir la propia religión–, sino también desde un punto de vista positivo, en sus varias articulaciones, como libertad de, por ejemplo, testimoniar la propia religión, anunciar y comunicar su enseñanza, organizar actividades educativas, benéficas o asistenciales que permitan aplicar los preceptos religiosos, ser y actuar como organismos sociales, estructurados según los principios doctrinales y los fines institucionales que les son propios. Lamentablemente, incluso en países con una antigua tradición cristiana, se están multiplicando los episodios de intolerancia religiosa, especialmente en relación con el cristianismo o de quienes simplemente llevan signos de identidad de su religión.
El que trabaja por la paz debe tener presente que, en sectores cada vez mayores de la opinión pública, la ideología del liberalismo radical y de la tecnocracia insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir incluso a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil, así como de los derechos y deberes sociales. Estos derechos y deberes han de ser considerados fundamentales para la plena realización de otros, empezando por los civiles y políticos.
Uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente es el derecho al trabajo. Esto se debe a que, cada vez más, el trabajo y el justo reconocimiento del estatuto jurídico de los trabajadores no están adecuadamente valorizados, porque el desarrollo económico se hace depender sobre todo de la absoluta libertad de los mercados. El trabajo es considerado una mera variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros. A este propósito, reitero que la dignidad del hombre, así como las razones económicas, sociales y políticas, exigen que “se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan”⁴. La condición previa para la realización de este ambicioso proyecto es una renovada consideración del trabajo, basada en los principios éticos y valores espirituales, que robustezca la concepción del mismo como bien fundamental para la persona, la familia y la sociedad. A este bien corresponde un deber y un derecho que exigen nuevas y valientes políticas de trabajo para todos.

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6. Deseo reiterar con fuerza que todos los que trabajan por la paz están llamados a cultivar la pasión por el bien común de la familia y la justicia social, así como el compromiso por una educación social idónea.
Ninguno puede ignorar o minimizar el papel decisivo de la familia, célula base de la sociedad desde el punto de vista demográfico, ético, pedagógico, económico y político. Ésta tiene como vocación natural promover la vida: acompaña a las personas en su crecimiento y las anima a potenciarse mutuamente mediante el cuidado recíproco. En concreto, la familia cristiana lleva consigo el germen del proyecto de educación de las personas según la medida del amor divino. La familia es uno de los sujetos sociales indispensables en la realización de una cultura de la paz. Es necesario tutelar el derecho de los padres y su papel primario en la educación de los hijos, en primer lugar en el ámbito moral y religioso. En la familia nacen y crecen los que trabajan por la paz, los futuros promotores de una cultura de la vida y del amor⁶.
En esta inmensa tarea de educación a la paz están implicadas en particular las comunidades religiosas. La Iglesia se siente partícipe en esta gran responsabilidad a través de la nueva evangelización, que tiene como pilares la conversión a la verdad y al amor de Cristo y, consecuentemente, un nuevo nacimiento espiritual y moral de las personas y las sociedades. El encuentro con Jesucristo plasma a los que trabajan por la paz, comprometiéndoles en la comunión y la superación de la injusticia.
Las instituciones culturales, escolares y universitarias desempeñan una misión especial en relación con la paz. A ellas se les pide una contribución significativa no sólo en la formación de nuevas generaciones de líderes, sino también en la renovación de las instituciones públicas, nacionales e internacionales. También pueden contribuir a una reflexión científica que asiente las actividades económicas y financieras en un sólido fundamento antropológico y ético. El mundo actual, particularmente el político, necesita del soporte de un pensamiento nuevo, de una nueva síntesis cultural, para superar tecnicismos y armonizar las múltiples tendencias políticas con vistas al bien común. Éste, considerado como un conjunto de relaciones interpersonales e institucionales positivas al servicio del crecimiento integral de los individuos y los grupos, es la base de cualquier educación a la auténtica paz.