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4. Toda persona humana –la legislación internacional lo reconoce con toda claridad– es sujeto de derechos fundamentales que son inalienables, inviolables e indivisibles. Toda persona: por tanto, también el minusválido. Éste, sin embargo, a causa de su minusvalía puede encontrar particulares dificultades en el ejercicio concreto de tales derechos. Tiene, por ello, necesidad de no verse en medio de la soledad. Nadie mejor que el cristiano está en condiciones de comprender el deber de semejante intervención altruista. A él, en efecto, San Pablo, hablando de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, recuerda que “si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él” (1 Cor 12, 26).

Esta revelación ilumina desde las alturas también la sociedad humana y permite comprender que, en el seno de las estructuras, la solidaridad debe ser el verdadero criterio regulador de las relaciones entre personas y grupos. El hombre, todo ser humano, es digno siempre del máximo respeto y tiene el derecho de expresar plenamente la propia dignidad de persona. Bajo esta perspectiva, la familia, el Estado, la Iglesia, –cada entidad en el ámbito de la propia naturaleza y de los propios cometidos– están llamados a redescubrir la grandeza del hombre y el valor del sufrimiento, “presente en el mundo para rezumar amor... para transformar toda la civilización humana en la civilización del amor” (Salvifici doloris, 30).

A la familia, al Estado y a la Iglesia –estructuras promotoras de la convivencia humana– se pide una peculiar contribución, a fin de que se desarrolle la cultura de la solidaridad y para que los afectados por minusvalías puedan llegar a ser auténticos y libres protagonistas de su existencia. La familia, sobre todo, que es el santuario del amor y de la comprensión está llamada a compartir, más que nadie, la condición de los más débiles, y a redescubrir el propio papel determinante en la formación del discapacitado, con miras a su recuperación física y espiritual y a su efectiva inserción social. La familia constituye el lugar natural de su madurez y de su crecimiento armonioso hacia el equilibrio personal y afectivo que resulta indispensable para la instauración de los adecuados contactos y relaciones con los demás.

Una tarea igualmente importante compete, además, al Estado, el cual calibra el propio nivel de civilización con la medida del respeto con el que sabe rodear a los más débiles entre los componentes de la sociedad. Dicho respeto debe manifestarse en la elaboración y en el ofrecimiento de estrategias de prevención y de rehabilitación, en la búsqueda y en la puesta en marcha de todos los medios de recuperación y de crecimiento humano, en la promoción de la integración comunitaria dentro del pleno respeto de la dignidad de la persona, favoreciendo en el minusválido –como ya he tenido ocasión de recordar– “la participación en la vida de la sociedad en todas sus dimensiones y a todos los niveles accesibles a sus capacidades: Familia, escuela, trabajo, comunidad social, política, religiosa” (Enseñanzas de Juan Pablo II, vol. VII/2, 1984, p. 398).

Deber y derecho de intervenir en la delicada materia tiene también la Iglesia que, guiada por el ejemplo y por la enseñanza de su Señor, jamás ha cesado de prodigarse en el servicio de los más débiles. Basta mencionar las no pocas beneméritas instituciones religiosas masculinas y femeninas, como también las Asociaciones de fieles laicos surgidas a lo largo de los siglos con el específico carisma del cuidado de los portadores de minusvalías. Esta atención a quien se encuentra necesitado debe implicar cada vez más a toda la comunidad eclesial, a fin de que cada uno, y en particular el sujeto en dificultades, pueda encontrar plena integración en la vida de la familia de los creyentes. A los minusválidos renuevo aquí el mensaje formulado por la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos de 1987: “Contamos con vosotros para enseñar al mundo entero qué es el amor” (Mensaje al Pueblo de Dios, núm. 13: en L’O. R. 30-10-1987, p. 4).

[E 53 (1993), 66-67]