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1. En la carta del 11 de enero de 1998[1], cumpliendo mi responsabilidad de supremo Pastor de la Iglesia, os di algunas orientaciones para vuestro camino futuro en la difícil cuestión de la correcta inserción de los consultorios católicos en la asesoría prevista por los reglamentos del Estado, a tenor de la ley del 21 de agosto de 1995 sobre el embarazo y la familia. No sólo os invité a continuar sin vacilaciones, sino también a reforzar ulteriormente, en la medida de lo posible, la asesoría y la ayuda a las mujeres embarazadas que atraviesan dificultades. Al mismo tiempo, con vistas a la claridad de nuestro testimonio sobre la intangibilidad de toda vida humana, os invité a tomar medidas para que en los consultorios eclesiásticos o dependientes de la Iglesia ya no se entregara el certificado que, según la ley, constituye el requisito necesario para la realización despenalizada del aborto. Monseñor Karl Lehmann, presidente de vuestra Conferencia episcopal, el 6 de febrero de 1998 me comunicó, en vuestro nombre, que teníais el firme propósito de cumplir esta insistente petición mía. Como hice entonces, también hoy quisiera agradeceros una vez más esta decisión, que es expresión de vuestra profunda unidad con el Sucesor de Pedro, y de vuestro compromiso incondicional en defensa de la vida por nacer.

Para armonizar de modo correcto los dos aspectos de mi petición, habéis instituido un grupo de trabajo, cuyos resultados se presentaron los días 22 y 23 de febrero de 1999 a la asamblea plenaria de los obispos. Monseñor Lehmann, con carta del 12 de marzo de este año, me comunicó los resultados del grupo de trabajo y me informó de las conclusiones de la asamblea plenaria. De buen grado, os manifiesto mi gratitud por el gran empeño con que vosotros, en colaboración con muchos expertos, habéis buscado soluciones. Os doy las gracias por el hecho de que muchas veces os habéis referido claramente a la importancia de la unidad entre vosotros y con la Santa Sede, para encontrar una solución aceptable y superar la polarización que se ha creado entre los fieles. Durante las semanas pasadas, mediante el estudio y la oración en presencia del Señor, he sopesado los puntos de vista contenidos en vuestra respuesta, y quisiera presentaros ahora mi decisión.

[1]. [1998 01 11/ 1-8]

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2. La propuesta de solución preferida por la mayoría de vuestra Conferencia episcopal une un amplio “plan de asesoría y ayuda” a una nueva formulación del certificado de consulta, para la que el grupo de trabajo propone tres variantes a elección. El plan ofrece una serie de elementos ordenados claramente al bien de las mujeres embarazadas y a la defensa de los hijos por nacer. La integración de asesoría y ofrecimiento de ayuda, así como sobre todo las obligaciones contraídas con respecto al apoyo, ayuda y mediación, hacen que la finalidad de la actividad de asesoría eclesial –apoyo a las mujeres en situación de conflicto y defensa del derecho a la vida de los hijos por nacer– sea aún más clara que hasta ahora en la sociedad de vuestro país. Los múltiples ofrecimientos de asesoría y ayuda deben contribuir a que un número cada vez mayor de mujeres que atraviesan dificultades se dirijan a los consultorios eclesiales o dependientes de la Iglesia, y que la Iglesia siga estando presente de manera eficaz en la asesoría a las mujeres embarazadas.

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3. Sin embargo, la inserción del “plan de asesoría y ayuda” en el asesoramiento de los casos conflictivos prevista por la ley plantea serias cuestiones. El certificado que se entrega a las mujeres al final de la consulta ha adquirido ciertamente una función ulterior: documenta que la asesoría eclesiástica está orientada a la vida y constituye una garantía para la asignación de las ayudas prometidas. Para la valoración de la propuesta es decisiva la cuestión de si el texto conclusivo permite aún la utilización del certificado como acceso al aborto. Si fuera así, estaría en contraste con mi carta antes mencionada y con la declaración común del 26 de enero de 1998 del Consejo permanente de vuestra Conferencia episcopal, que se propone cumplir mi petición de que en adelante ya no se entregue un “certificado de esa naturaleza”.

El hecho de que el texto, sobre todo en las variantes 2 y 3, siga siendo por lo menos poco claro desde este punto de vista, es ciertamente también el motivo por el que no ha obtenido aún el consenso unánime de los obispos. La variante 1 de la propuesta se acerca más que todas las demás a vuestra voluntad y a la mía de dar “otro certificado”. Para que la índole jurídica y moral de este documento quede libre de cualquier forma de ambigüedad, os pido que aclaréis en el texto mismo que el certificado, que atestigua la asesoría eclesiástica y da derecho a las ayudas prometidas, no puede utilizarse para la realización despenalizada del aborto en conformidad con el código penal, § 218 a, 1. Por consiguiente, en el certificado escrito que se entrega a las mujeres en el marco del “plan de asesoría y ayuda”, de acuerdo con la variante 1, debe mencionarse exclusivamente la finalidad de la consulta y de las ayudas, y al final de la frase se debe añadir: “Este certificado no puede utilizarse para la realización despenalizada del aborto”.

Con este añadido necesario, las consultoras católicas y la Iglesia, por cuyo mandato trabajan las consultoras, se ven libres de una situación que está en conflicto con su visión de fondo en la cuestión de la defensa de la vida y con la finalidad de su asesoría. El compromiso incondicional en favor de toda vida por nacer, que la Iglesia asume ya desde el comienzo, no permite ninguna ambigüedad o componenda. Acerca de este punto, la Iglesia debe hablar, siempre y en todo lugar, con palabras y obras, con un lenguaje único e idéntico. Espero que esta solución contribuya también a restablecer, por lo que respecta a este importante problema, la unidad en vuestra Conferencia episcopal y a superar las tensiones que han surgido en la opinión pública católica.

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4. Queridos hermanos en el episcopado, sé que todos vosotros defendéis desde hace años el derecho a la vida de los hijos por nacer, y con el espíritu del Evangelio no escatimáis ningún esfuerzo para poder ayudar, con el consejo y con las obras, a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Os agradezco esta profesión del evangelio de la vida. Quisiera subrayar una vez más que conozco y aprecio vuestra buena voluntad, y espero que sigáis presentando públicamente y sin temor los valores en que se funda esta actitud de la Iglesia. Al mismo tiempo, por la dignidad de la vida y la claridad del testimonio eclesial, os ruego que aceptéis unánimemente mi decisión sobre el problema y que la pongáis en práctica durante este año. Además, encontraréis el modo de ofrecer el “plan de asesoría y ayuda” no sólo a las mujeres que, a causa de su situación, difícilmente o de ningún modo pueden imaginar su vida con un hijo, sino también a las demás mujeres embarazadas que atraviesan dificultades y necesitan ayuda.

En esta ocasión, deseo dar las gracias a las numerosas personas que en vuestro amado país contribuyen de diversas maneras a hacer valer el derecho a la vida, garantizado por vuestra Constitución. Un servicio particularmente valioso prestan las consultoras, que asisten a las mujeres embarazadas que atraviesan dificultades y defienden la vida de los hijos por nacer. A ellas, y a todos los que en público o en privado están al servicio de la vida, les expreso mi sincera gratitud. Confío en que los fieles católicos, junto con muchos otros cristianos y hombres de buena voluntad, en unión con los obispos y conmigo como supremo Pastor de la Iglesia, prosigan valientemente la lucha por la vida de todos los hombres, nacidos y por nacer, ancianos y jóvenes, enfermos y sanos, y no escatimen ningún esfuerzo “para que se instaure finalmente en nuestro tiempo, marcado por tantos signos de muerte, una cultura nueva de la vida, fruto de la cultura de la verdad y del amor” (Evangelium vitae, 77)[2].

[OR (e.c.) 2.VII.1999, 8]

[2]. [1995 03 25b/ 77]