[0766] • PAULO VI, 1963-1978 • LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO DEL DERECHO CANÓNICO EN MATERIA DE MATRIMONIO A LA LUZ DEL EVANGELIO Y DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Del Discurso Nel ricervi, a la Rota Romana, en la Inauguración del Año Judicial, 28 enero 1978
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[5.–] [...] Bien sabéis que el derecho canónico en cuanto tal, y por consiguiente el derecho procesal, que es una parte de él, en sus motivos inspiradores se inscribe dentro del plan de la economía de la salvación, siendo la salus animarum la ley suprema de la Iglesia. Por lo tanto, también las leyes que regulan la vicisitud procesal tienen su intrínseca razón de ser en el ordenamiento eclesial, son fruto de acrisolada experiencia y han de ser observadas y respetadas. El procedimiento canónico es garantía de ponderada búsqueda para el juez y esclarecimiento de los problemas que –como se ha dicho– tocan en lo vivo la conciencia de los hombres y el orden de las familias, dentro del marco más amplio del bien común de la comunidad eclesial; por eso, dicho procedimiento ha de ser aceptado con el debido acatamiento y seguido con gran atención, sin ceder a una facilonería que acabaría por favorecer el permisivismo, con detrimento de la ley misma de Dios y con menoscabo del bien de las almas.
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[6.–] Bajo esta luz han de verse también las innovaciones introducidas por nosotros mismos, hace unos años, con el “Motu proprio” Causas matrimoniales para agilizar los procesos en las causas de nulidad matrimonial (Cfr. AAS 63, 1971, págs. 441-446; L’Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 20 de junio de 1971, págs. 9 y 10), análogamente a cuanto se ha hecho para otros procesos, como los de dispensa del rato no consumado (Instrucción de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos; cfr. AAS 64, 1972, págs. 244-252; L’Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 11 de junio de 1972, pág. 4).
Ahora bien, todas estas disposiciones, aunque contienen meditadas simplificaciones y prudentes agilizaciones de procedimiento, han sido estudiadas y promulgadas respetando plenamente la finalidad esencial del trabajo judicial y permiten, por tanto, un examen concienzudo de las causas, de modo que siempre sea posible emitir dictámenes conformes a la verdad objetiva solum Deum prae oculis habendo.
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[7.–] Por lo demás, hemos de registrar con dolor la tendencia a instrumentalizar ciertas concesiones, motivadas por situaciones bien circunscritas, para llegar prácticamente a una evasión de la ley procesal canónica, que es obligatoria, y eso con frecuencia mediante la creación artificiosa de domicilios o permanencias estables ficticios.
Hay que reprobar igualmente la tendencia a crear una jurisprudencia no conforme con la recta doctrina, tal como es propuesta por el Magisterio eclesiástico e ilustrada por la jurisprudencia canónica.
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[8.–] Una innovación de tipo distinto, que llamaríamos no procesal, sino estructural, tendente también a hacer que la administración de la justicia sea más funcional, expedita y digna, ha tenido lugar allí donde la autoridad competente ha procedido a efectuar oportunas fusiones y reorganizaciones de los tribunales para las causas de nulidad matrimonial en diversos países, haciendo que los centros menores uniesen sus fuerzas entre sí. De este modo se supone que cada tribunal tiene asegurada la posibilidad efectiva de contar con personal preparado y con medios adecuados para desempeñar su delicada e importante función.
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[9.–] Pero el elemento de mayor relieve, entre los enumerados anteriormente, continúa siendo vuestra confirmada disponibilidad para seguir las indicaciones del Magisterio; a este propósito, el Decreto promulgado en mayo del año pasado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado explícitamente por nosotros, se presenta como un test particularmente significativo (Cfr. AAS 69, 1977, pág. 426). Vosotros conocéis bien su origen, valor y motivaciones; precedido por largos y esmerados estudios (como recuerda la breve introducción que le antecede), corroborado por el autorizado parecer de la Pontificia Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico, se articula en dos importantes respuestas, que hallarán frecuente aplicación precisamente en vuestro trabajo. No dudamos que tales principios de doctrina os servirán de orientación y de guía en el ejercicio judicial, y así tendremos una demostración más de la puntual adhesión al Magisterio que ese renombrado Tribunal de la Santa Sede ha profesado siempre en su vida de siglos.
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[10.–] Por lo demás, no es éste un problema aparte en el cuadro tan complejo de la ética y del derecho matrimonial. Por consiguiente, deber de ese Tribunal, en cumplimiento del mandato que le tiene conferido la Iglesia, sigue siendo estudiar a fondo todas las cuestiones que se le sometan y –para permanecer todavía en el tema de los juicios matrimoniales– grave deber suyo es prestar especial atención (como se ha recordado oportunamente) a las cuestiones referentes a la formación del libre consentimiento, que es lo único que da origen al matrimonio, de modo que nadie pueda sustraerse a las exigencias de un vínculo que luego solamente Dios puede disolver y, viceversa, nadie deba ser constreñido por un vínculo que nunca existió.
Muy justa es, respecto a ese argumento decisivo, la observación de que también éste es un modo de oponerse a la violencia, que en nuestro tiempo está cobrando por desgracia un aspecto proteico; decimos –refiriéndonos siempre al campo matrimonial– la violencia de quien querría plegar la ley de Dios a sus deseos o a sus caprichos, e igualmente la violencia de que es víctima quien no ha podido emitir un consentimiento libre.
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[11.–] Queda, finalmente, el deber de estudiar y de meditar en vuestro sector específico, como debe suceder y está sucediendo en tantos otros sectores de la vida eclesial (litúrgico, teológico, misional, ecuménico, etc.), las distintas “implicaciones”, directas o indirectas, de las enseñanzas conciliares, para traducirlas después en la práctica.
En efecto, ¿acaso no es verdad que todavía queda mucho por hacer a este propósito? Si no han faltado quienes no han acogido con plena disponibilidad el Concilio, y quienes lo han querido interpretar según sus personales preferencias o con criterios hermenéuticos arbitrarios y en detrimento de la Iglesia, también ha habido y hay muchos que han procurado ajustarse, con la mente y el corazón, a los sagrados decretos providencialmente promulgados por el Concilio Vaticano II.
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[12.–] Entre éstos últimos queremos contar a los jueces que, en sus sentencias, intentan hacerse eco y aplicar con oportunidad los altos principios del Magisterio conciliar, por ejemplo, los importantes párrafos, debidamente entendidos según la mente del Concilio, de dignitate matrimonii et familiae fovenda, contenidos en la Constitución pastoral Gaudium et spes (Cfr. núms. 46-52).
Citemos también a los juristas eclesiásticos y seglares que, en sus reuniones de estudio o en sus congresos nacionales o internacionales, han esclarecido temas jurídicos de gran importancia, a la luz de las orientaciones y directrices del Vaticano II.
[EPD, 10, 100-103]
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[5.–] [...] Sapete bene che il diritto canonico qua tale e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte nei suoi motivi ispiratori, rientra nel piano dell’economia della salvezza, essendo la salus animarum, la legge suprema della Chiesa. Pertanto anche le leggi che regolano la vicenda processuale hanno una intrinseca ragione di essere nell’ordinamento ecclesiale, sono frutto di collaudata esperienza, e vanno quindi osservate e rispettate. Garanzia di ricerca ponderata per il giudice e di illustrazione dei problemi che –come si è detto– toccano nel vivo la coscienza degli uomini e l’ordine delle famiglie, nel quadro più vasto del bene comune della Comunità ecclesiale, la procedura canonica dev’essere, pertanto, accolta con doveroso ossequio e seguita con grande attenzione, senza indulgere ad una faciloneria che finirebbe col favorire il permissivismo, a danno della stessa Legge di Dio e con pregiudizio del bene delle anime.
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[6.–] In questa luce debbono esser viste anche le innovazioni da Noi stessi introdotte, alcuni anni fa, col Motu-proprio “Causas Matrimoniales” per un più rapido svolgimento dei processi nelle cause di nullità matrimoniale (1), analogamente a quanto è stato fatto per altri processi, come quelli di dispensa dal rato non consumato (2). Ora tutti questi provvedimenti anche se contengono meditate semplificazioni e prudenti snellimenti di procedura, sono stati studiati ed emanati nel pieno rispetto dell’essenziale finalità del lavoro giudiziario e consentono, pertanto, un coscienzioso esame delle cause, in modo che sia sempre possibile emettere pronuncie conformi alla verità oggettiva solum Deum prae oculis habendo.
1. A.A.S. 63 (1971) 441-446 [1971 03 28/1-7].
2. Cf. SACRAE CONGREGATIONIS DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instructio: A.A.S. 64 (1972) 244-252.
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[7.–] Dobbiamo, pertanto, registrare con dolore la tendenza a strumentalizzare certe concessioni, motivate da situazioni ben circoscritte, per giungere ad una pratica evasione della legge processuale canonica, alla quale si è tenuti, e ciò spesso mediante l’artificiosa creazione di domicili o dimore stabili fittizi. Parimenti, è da riprovare la tendenza a creare una giurisprudenza non conforme alla retta dottrina, quale è proposta dal Magistero ecclesiastico ed è illustrata dalla Giurisprudenza canonica.
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[8.–] Un’innovazione di tipo diverso, che diremmo non procedurale, ma strutturale, ma pure tendente anch’essa a rendere più funzionale e spedita e degna l’amministrazione della giustizia, si è avuta laddove la competente Autorità ha provveduto ad opportune fusioni e riordinamenti dei Tribunali per le cause di nullità matrimoniale nei vari Paesi, facendo sì che i centri minori unissero le loro forze tra loro. In tal modo, si suppone assicurata a ciascun Tribunale l’effettiva possibilità di avere personale preparato e mezzi adeguati per svolgere la propria delicata ed importante funzione.
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[9.–] Ma l’elemento più rilevante, tra quelli sopra enumerati, resta la vostra confermata disponibilità a seguire le indicazioni del Magistero: a questo proposito, il Decreto emanato, nel maggio dello scorso anno, dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e da Noi esplicitamente approvato, appare un test particolarmente significativo (3). Voi ne conoscete bene l’origine, il valore e le motivazioni: preceduto da studi lunghi e accurati (come ricorda la breve introduzione che vi è premessa), confortato dall’autorevole parere della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, esso si articola in due importanti risposte, che troveranno frequente applicazione proprio nel vostro stesso lavoro. Noi non dubitiamo che tali principii di dottrina vi saranno di orientamento e di guida in sede di giudizio, ed avremo così un’ulteriore dimostrazione della puntuale adesione al Magistero, che codesto rinomato Tribunale della Santa Sede ha sempre professato nella sua vita secolare.
3. Cf. SACRAE CONGREGATIONIS PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum: A.A.S. 69 (1977) 426 [1977 05 13/1-3].
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[10.–] D’altronde, non è questo un problema a sè stante, nel quadro così complesso dell’etica e del diritto matrimoniale. Pertanto, dovere di codesto Tribunale, in adempimento del mandato conferitogli dalla Chiesa, resta quello di approfondire tutte le questioni che siano ad esso sottoposte, e –per rimanere ancora nel tema dei giudizi matrimoniali– suo grave dovere è di avere particolare riguardo (come è stato opportunamente ricordato) alle questioni relative al formarsi del libero consenso, il quale solo dà origine al matrimonio, in modo che nessuno possa sottrarsi alle esigenze di un vincolo che poi soltanto Dio può sciogliere, né debba, viceversa, esser costretto da un vincolo che non è mai insorto. Assai giusta, in ordine a tale decisivo argomento, è l’osservazione che anche questo è un modo di opporsi alla violenza, che ai nostri tempi va assumendo, purtroppo, un aspetto proteiforme: diciamo –sempre in relazione al campo matrimoniale– la violenza di chi vorrebbe piegare la Legge di Dio ai suoi desideri o ai suoi capricci, ed ancora la violenza di cui è vittima chi non ha potuto emettere un libero consenso.
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[11.–] Rimane, infine, il dovere di studiare e di meditare per il vostro specifico settore, come deve avvenire e sta avvenendo in tanti altri settori della vita ecclesiale (liturgico, teologico, missionario, ecumenico, ecc.), le varie “implicazioni”, dirette, degli insegnamenti conciliari e di tradurle poi in pratica. Non è forse vero, infatti, che c’è ancora molto da fare a questo proposito? Se non sono mancati coloro che non hanno accolto con piena disponibilità il Concilio, ed altri che l’hanno voluto interpretare secondo le loro preferenze personali o con arbitrari criteri ermeneutici ed a danno della Chiesa, ci sono stati, però, e ci sono tanti che hanno cercato di uniformarsi, con la mente e col cuore, ai sacri decreti che il Concilio Vaticano II ha provvidenzialmente emanato.
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[12.–] Tra costoro vogliamo mettere i Giudici che, nelle loro sentenze, cercano di riecheggiare e di applicare, secondo opportunità, gli alti principii del Magistero conciliare, ad esempio gli importanti paragrafi debitamente intesi, secondo la mente del Concilio de dignitate matrimonii et familiae fovenda contenuti nella Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” (4). Mettiamo, poi, i Giuristi ecclesiastici e laici i quali, nelle loro riunioni di studio o nei loro convegni regionali o internazionali, hanno illustrato temi giuridici di grande importanza, alla luce degli orientamenti e delle direttive del Vaticano II.
[AAS 70 (1978), 182-185]
4. Cf. Gaudium et spes, 46-52 [1965 12 07c/46-52].