1996 12 06b 0003

3. En mi solicitud por todas las Iglesias, sigo con interés los acontecimientos de la vida política y social de su país, en la que hay que reconocer y destacar una serie de cambios significativos. Su Gobierno está comprometido en la promoción del desarrollo económico y social, así como en el fomento de una pacífica y armoniosa convivencia entre todos, basada en la justicia y la solidaridad. Para alcanzar estos fines todas las medidas emprendidas han de inspirarse en los principios éticos, de modo que la sociedad se apoye siempre en la irrenunciable dignidad del hombre y de la familia.

A este respecto se ha de destacar la defensa que en la vigente Constitución del Uruguay (art. 40) se hace de la familia, considerándola base de la sociedad, por la cual “El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”. Hoy, frente a las amenazas que se ciernen sobre esta institución, como son los divorcios, las uniones irregulares o la falta de seguridad en el empleo que dificulta a los jóvenes afrontar las exigencias del matrimonio, la Iglesia está comprometida activamente en promover aquellas condiciones que ayuden a la superación de estos problemas. Pero es preciso recordar también que la familia y la defensa de la vida deben estar en el centro de las políticas gubernamentales.

[Insegnamenti GP II, 19/2, 908-909]