[1864] • JUAN PABLO II (1978-2005) • LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN LOS ASESORAMIENTOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS
Carta Apostólica Am 27. Mai, sobre la actividad de los Consultorios Familiares Católicos, a los Obispos de Alemania, 11 enero 1998
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1. El 27 de mayo del año pasado, a petición de monseñor Karl Lehmann, presidente de vuestra Conferencia episcopal, discutimos y profundizamos juntos los problemas de la correcta inserción de los consultorios católicos en la asesoría prevista por los reglamentos del Estado, a tenor de la ley sobre el embarazo y la familia del 21 de agosto de 1995. Os agradezco una vez más ese encuentro, en el que expresasteis la vigilante conciencia de vuestra responsabilidad con respecto al evangelio de la vida, así como vuestra disponibilidad a encontrar la solución justa en unión con el Sucesor de Pedro.
Durante los meses sucesivos he estudiado de nuevo los diversos aspectos de la cuestión, me he asesorado ulteriormente sobre ella y he llevado el problema ante el Señor en la oración. Por eso, como anuncié al término de nuestro coloquio, quisiera resumir hoy, una vez más, los resultados alcanzados y, cumpliendo mi responsabilidad de supremo Pastor de la Iglesia, indicar algunas orientaciones para el camino futuro en los puntos discutidos.
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2. Vuestra Conferencia episcopal se esfuerza desde hace decenios, de modo inequívoco, por testimoniar con palabras y obras el mensaje de la dignidad intangible de la vida humana. En efecto, a pesar de que en la Constitución de vuestro amado país se reconoce explícitamente el derecho a la vida, el legislador también ha legalizado, en determinados casos, la muerte de los niños por nacer, y en otros la ha despenalizado, aun conservando su carácter ilegal. Vuestra Conferencia episcopal no ha aceptado la anterior ley sobre el aborto y tampoco la actual, sino que justamente ha tomado posición contra el aborto con libertad y sin temor. En muchas alocuciones, declaraciones, iniciativas ecuménicas y otras intervenciones, entre las cuales tiene particular importancia la carta pastoral Menschenwürde und Menschenrechte von allem Anfang an, (“Dignidad humana y derechos humanos desde el comienzo”) del 26 de septiembre de 1996, habéis proclamado y defendido el valor de la vida humana desde su concepción.
En la lucha en favor de la vida por nacer, la Iglesia debe distinguirse hoy cada vez más del mundo que la rodea. Ya lo hizo desde sus comienzos (cf. Carta a Diogneto V, 1-VI, 2), y sigue haciéndolo. “Al anunciar este evangelio, no debemos temer la hostilidad y la impopularidad, rechazando todo compromiso y ambigüedad que nos conformaría a la mentalidad de este mundo (cf. Rm 12, 2). Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo (cf. Jn 15, 19; 17, 16), con la fuerza que nos viene de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido el mundo (cf. Jn 16, 33)” (Evangelium vitae, 82)[1]. Con vuestras múltiples iniciativas al servicio de la vida habéis traducido a la práctica estas palabras, y así habéis contribuido a que la actitud de la Iglesia sobre el problema de la defensa de la vida sea familiar a los ciudadanos de vuestro país ya desde su infancia. Quisiera expresaros de todo corazón mi aprecio y mi sincera gratitud por este incansable esfuerzo. Doy las gracias también a todos los que han trabajado y trabajan en la vida pública por defender el derecho a la vida de todo hombre. Particular mención, en este campo, merecen los políticos que no han tenido y no tienen miedo de hacer oír su voz en favor de la vida de los niños por nacer.
[1]. [1995 03 25b/ 82]
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3. Además de algunas afirmaciones positivas sobre la defensa de la vida y sobre la necesidad de la consulta, la ley del 21 de agosto de 1995 establece que, en presencia de una “indicación médica”, descrita muy vagamente, el aborto es legítimo hasta el nacimiento. Justamente habéis criticado con energía esta disposición. Del mismo modo, la legalización del aborto en presencia de una “indicación criminológica” es totalmente inaceptable para un fiel cristiano y para todos los hombres dotados de una conciencia vigilante. Os pido que toméis también todas las medidas posibles para cambiar estas disposiciones legislativas.
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4. Dirijo ahora mi atención a las nuevas normas legislativas sobre la asesoría a las mujeres embarazadas que afrontan dificultades, porque notoriamente dichas normas revisten un importante significado para la misión de la Iglesia al servicio de la vida y para la relación entre Iglesia y Estado en vuestro país. Preocupado por las nuevas normas, el 21 de septiembre de 1995, sentí el deber de recordar, en una carta personal, algunos principios, muy importantes en esta cuestión. Llamaba vuestra atención, entre otras cosas, sobre el hecho de que la definición legislativa positiva de la asesoría en el sentido de la defensa de la vida quedaba debilitada a causa de ciertas fórmulas ambiguas; y que el certificado de asesoría que debían entregar las consultoras tiene ahora un valor jurídico diferente del que tenía en la reglamentación legislativa anterior. Os pedía que definierais de un modo nuevo la actividad de asesoría de la Iglesia y que, al respecto, prestarais atención para que no se coartara la libertad de la Iglesia y para que las instituciones eclesiales no fueran corresponsables del asesinato de niños inocentes.
En las Directrices episcopales provisionales habéis precisado ulteriormente, con respecto a la ley, el objetivo de la asesoría eclesial en el sentido de la defensa absoluta de la vida. Con estas y otras disposiciones habéis conferido a los consultorios eclesiales un perfil claro y específico. En la lucha por obtener de parte del Estado el reconocimiento de las Directrices episcopales provisionales en el ámbito de cada región, se ha manifestado ulteriormente la posición autónoma de la Iglesia en esta cuestión.
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5. Sigue siendo objeto de discusión la problemática sobre el certificado de asesoría, que ciertamente no puede considerarse independientemente del concepto de asesoría, sino que ha de valorarse esmeradamente según su significado jurídico objetivo. En el discurso del 22 de junio de 1996, durante mi viaje pastoral a Alemania, dije: “Nuestra fe afirma claramente que las instituciones eclesiales no pueden hacer nada que pueda servir de alguna manera para justificar el aborto” (Discurso a los obispos alemanes, n. 9: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de junio de 1996, p. 12).
Para encontrar una solución al problema del certificado de asesoría, se llegó –después del primer encuentro, del 5 de diciembre de 1995– al segundo coloquio, del 4 de abril de 1997, entre una delegación de vuestra Conferencia episcopal y representantes de la Congregación para la doctrina de la fe, durante el cual, aunque hubo unanimidad fundamental en cuanto a la doctrina de la Iglesia sobre la defensa de la vida y la condena del aborto, así como sobre la necesidad de una asesoría global para las mujeres embarazadas que afrontan dificultades, la discutida cuestión del certificado de asesoría no pudo quedar resuelta definitivamente. Durante el encuentro del 27 de mayo de 1997, todos los elementos que había que considerar fueron presentados, una vez más, en un clima fraterno de libertad y apertura.
En cumplimiento de mi misión de confirmar a los hermanos (cf Lc 22, 32), me dirijo ahora de nuevo a vosotros, queridos hermanos. En efecto, se trata de una cuestión pastoral con evidentes implicaciones doctrinales, que es importante para la Iglesia y para la sociedad en Alemania, y también más allá de sus fronteras. Aunque la situación jurídica en vuestro país es singular, es evidente que el problema de cómo anunciar el evangelio de la vida de modo eficaz y creíble en el mundo pluralista de hoy preocupa a la Iglesia en su conjunto. La tarea de defender la vida, en todas sus fases, no admite limitaciones. De aquí se deduce que la enseñanza y el modo de obrar de la Iglesia en la cuestión del aborto, en su contenido esencial, deben ser los mismos en todos los países.
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6. Atribuís mucha importancia al hecho de que los consultorios católicos sigan estando presentes de modo público en la asesoría a las mujeres embarazadas, a fin de poder salvar de la muerte, con consejos positivos, a muchos niños por nacer, y para apoyar con todos vuestros medios a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles. Destacáis que en esta cuestión la Iglesia, por su amor a los niños por nacer, debe aprovechar, del modo más amplio posible, tanto los espacios de acción abiertos por el Estado en favor de la vida, como la asesoría, y no puede asumir la responsabilidad de haber descuidado posibles prestaciones de ayuda. Os apoyo en esta preocupación y espero que la asesoría eclesiástica continúe con firmeza. La calidad de esta asesoría, que considera con mucha seriedad tanto el valor de la vida por nacer como las dificultades que afronta la mujer embarazada, y busca una solución basada en la verdad y el amor, iluminará la conciencia de muchas personas que buscan un consejo y constituirá un llamamiento significativo para la sociedad.
En este contexto, quisiera subrayar expresamente el compromiso de las consultoras católicas de la Cáritas y del Servicio social de mujeres católicas, así como de algunas otras instituciones de consulta. Conozco la buena voluntad de las consultoras así como sus esfuerzos y preocupaciones. Quisiera agradecerles sinceramente su compromiso y pedirles que continúen luchando por los que no tiene voz y aún no pueden defender su derecho a la vida.
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7. Por lo que atañe al problema del certificado de asesoría, quisiera repetir lo que ya os escribí en la carta del 21 de septiembre de 1995: “Atestigua que se realizó la asesoría, pero al mismo tiempo es un documento necesario para el aborto despenalizado en las primeras doce semanas del embarazo”. Vosotros mismos habéis considerado muchas veces como “dilema” este significado contradictorio del certificado de asesoría, que tiene su fundamento en la ley. El “dilema” consiste en el hecho de que el certificado atestigua la asesoría en el sentido de la defensa de la vida, pero sigue siendo la condición necesaria para la realización despenalizada del aborto, aunque ciertamente no es la causa decisiva que lo provoca.
El texto positivo, que habéis formulado para el certificado de asesoría que entregan los consultorios católicos, no resuelve de modo radical esta tensión contradictoria. La mujer, basándose en las disposiciones legislativas, al cabo de tres días puede usar el certificado para abortar, es decir, para hacer que eliminen a su hijo sin incurrir en ningún tipo de pena, en instituciones públicas y también, en parte, con medios públicos. No hay que descuidar el hecho de que el certificado de asesoría exigido por la ley, que ciertamente quiere asegurar ante todo la asesoría obligatoria, cumple de hecho una función clave para la realización de abortos despenalizados. Las consultoras católicas y la Iglesia, por cuyo encargo las consultoras intervienen en muchos casos, se encuentran así en una situación de conflicto con su visión de fondo en la cuestión de la defensa de la vida y con la finalidad de su asesoría. Contra sus convicciones, se ven implicadas en la aplicación de una legislación que lleva al asesinato de personas inocentes y escandaliza a muchos.
Después de una atenta valoración de todos los argumentos, no puedo menos de concluir que existe al respecto una ambigüedad que ofusca la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia y de sus centros de asesoría. Por eso, queridos hermanos, quisiera instaros a hacer que ya no se entreguen certificados de esta índole en los consultorios eclesiales o dependientes de la Iglesia. Sin embargo, os exhorto a lograr que, en todo caso, la Iglesia siga presente de manera eficaz en la asesoría a las mujeres que buscan ayuda.
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8. Venerados hermanos, sé que la exhortación que os hago afecta a un problema difícil. Ya desde hace mucho tiempo, y sobre todo después de nuestro encuentro del 27 de mayo de 1997, muchos sectores, y también algunas personas que trabajan por la Iglesia y en la Iglesia, se han puesto en guardia con fuerza contra esta decisión, que según ellos dejaría a las mujeres en situaciones conflictivas sin el apoyo de la comunidad de fe. También hay quienes han denunciado, con no menor fuerza, que el certificado implica a la Iglesia en la muerte de niños inocentes y hace menos creíble su absoluta oposición al aborto.
He tomado en seria consideración ambos planteamientos y respeto la apasionada búsqueda que hacen ambas partes del camino que debe seguir la Iglesia en esta cuestión tan importante; sin embargo, teniendo en cuenta la dignidad de la vida, me siento impulsado a dirigiros la exhortación que os he hecho antes. Reconozco, al mismo tiempo, que la Iglesia no puede renunciar a su responsabilidad pública, sobre todo cuando están en juego la vida y la dignidad del hombre, que Dios creó y por el que Cristo murió. La ley para ayudar a las mujeres embarazadas y a las familias brinda a la Iglesia muchas posibilidades de seguir presente en la asesoría; su presencia no debe depender, en último término, de la entrega del certificado. No tiene que ser sólo la obligación de una prescripción legislativa la que lleve a las mujeres a los consultorios eclesiales; tiene que ser, sobre todo, la competencia profesional, la atención humana y la disponibilidad a la ayuda concreta que se encuentran en ellos. Confío en que vosotros, con las múltiples posibilidades de vuestras instituciones y de vuestras organizaciones, con el gran potencial de fuerzas intelectuales y de capacidad de innovación y creatividad, encontraréis los caminos, no sólo para evitar que disminuya la presencia de la Iglesia en la asesoría, sino para reforzarla aún más. Estoy convencido de que, en la discusión que ya se está llevando a cabo en la sociedad de vuestro país y que ahora proseguirá, sabréis movilizar todas vuestras fuerzas para hacer comprensible la opción de la Iglesia, tanto dentro como fuera de ella, logrando que, quienes no la compartan, por lo menos la respeten.
El hecho de que la Iglesia, en un punto concreto, no pueda ir por el mismo camino del legislador, será un signo de que, precisamente con la confrontación, contribuye a sensibilizar la conciencia pública y, de ese modo, sirve ulteriormente al bien del Estado: “El evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes: es para todos (...). Nuestra acción de ‘pueblo de la vida y para la vida’ debe ser interpretada de modo justo y acogida con simpatía. Cuando la Iglesia declara que el respeto incondicional del derecho a la vida de toda persona inocente –desde la concepción hasta su muerte natural– es uno de los pilares sobre los que se basa toda sociedad civil, ‘quiere simplemente promover un Estado humano. Un Estado que reconozca, como su deber primario, la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente de la más débil’” (Evangelium vitae, 101)[2].
Os agradezco una vez más vuestro múltiple compromiso de defender la vida de los niños por nacer, y también vuestra disponibilidad a revisar nuevamente la actividad católica de asesoría. Encomiendo a María, Madre del buen consejo, a los fieles confiados a vosotros, sobre todo a las mujeres y a los hombres dedicados a la asesoría, así como a todas las mujeres embarazadas que afrontan dificultades, y os imparto de corazón una especial bendición apostólica.
[OR (e.c.) 6.II.1998, 6-7]
[2]. [1995 03 25b/ 101]
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1. Am 27. Mai 1997 haben wir entsprechend der Bitte von Herrn Bischof Karl Lehmann, dem Vorsitzenden Eurer Bischofskonferenz, miteinander die Fragen über die rechte Zuordnung der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen zur staatlich geregelten Beratung gemäß dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 21. August 1995 besprochen und vertieft. Noch einmal danke ich Euch für diese Begegnung, in der Ihr Euer lebendiges Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem Evangelium des Lebens sowie Eure Bereitschaft, in Einheit mit dem Nachfolger Petri die richtige Entscheidung zu finden, zum Ausdruck gebracht habt.
In den seither vergangenen Monaten habe ich die verschiedenen Gesichtspunkte der Frage erneut studiert, mich weiter über sie beraten und das Problem im Gebet vor den Herrn getragen. So möchte ich heute, wie am Ende der Gespräche angekündigt, die erzielten Ergebnisse noch einmal zusammenfassen und gemäß meiner Verantwortung als oberster Hirte der Kirche einige Richtlinien für das künftige Verhalten in den umstrittenen Punkten geben.
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2. Eure Bischofskonferenz setzt sich seit Jahrzehnten in unmißverständlicher Weise ein, um die Botschaft von der unantastbaren Würde des menschlichen Lebens in Wort und Tat zu bezeugen. Denn obgleich das Recht auf Leben in der Verfassung Eures geschätzten Landes eine klare Anerkennung findet, hat der Gesetzgeber die Tötung ungeborener Kinder dennoch in bestimmten Fällen legalisiert, in anderen Fällen für straffrei erklärt, auch wenn dabei der Charakter der Unrecht mäßigkeit gewahrt bleibt. Eure Bischofskonferenz hat sich zu Recht mit dem früheren und dem jetzt geltenden Abtreibungsgesetz nicht abgefunden, sondern freimütig und unerschrocken gegen die Abtreibung Stellung genommen. In vielen Ansprachen, Erklärungen, ökumenischen Initiativen und anderen Beiträgen, unter denen besonders das Hirtenwort Menschenwürde und Menschenrechte von allem Anfang an vom 26. September 1996 zu erwähnen ist, habt Ihr den Wert des menschlichen Lebens von der Empfängnis an verkündet und verteidigt.
Im Kampf um das ungeborene Leben muß sich die Kirche in unseren Tagen immer mehr von der sie umgebenden Umwelt unterscheiden. Sie hat dies von ihren Anfängen an getan (vgl. Brief an Diognet 5.1-6.2) und tut es bis heute. “Bei der Verkündigung dieses Evangeliums dürfen wir nicht Feindseligkeit und Unpopularität fürchten, wenn wir jeden Kompromiß und jede Zweideutigkeit ablehnen, die uns der Denkweise dieser Welt angleichen würde (vgl. Röm 12, 2). Wir sollen in der Welt, aber nicht von der Welt sein (vgl. Joh 15, 19; 17, 16) mit der Kraft, die uns von Christus kommt, der durch seinen Tod und seine Auferstehung die Welt besiegt hat (vgl. Joh 16, 33)” (Evangelium vitae, Nr. 82)[1]. Durch Eure vielfältigen Bemühungen im Dienst am Leben habt Ihr diese Worte in die Tat umgesetzt und dazu beigetragen, daß die Haltung der Kirche zur Frage des Lebensschutzes den Bürgern Eures Landes von Kindesbeinen an vertraut ist. Ich möchte Euch aus ganzem Herzen meine Wertschätzung und meine volle Anerkennung für diesen unermüdlichen Einsatz aussprechen. Ebenso danke ich allen, die in der Öffentlichkeit das Lebensrecht eines jeden Menschen verteidigen. Besondere Erwähnung verdienen dabei die Politiker, die sich in Vergangenheit und Gegenwart nicht scheuen, die Stimme für das Leben der ungeborenen Kinder zu erheben.
[1]. [1995 03 25b/ 82]
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3. Neben einigen positiven Aussagen über den Lebensschutz und über die Notwendigkeit der Beratung sieht das Gesetz vom 21. August 1995 vor, daß die Abtreibung bei Vorliegen einer sehr vage umschriebenen “medizinischen Indikation” bis zur Geburt rechtmäßig ist. Diese Bestimmung habt ihr zu Recht heftig kritisiert. Ebenso ist die Legalisierung der Abtreibung bei Vorliegen einer “kriminologischen Indikation” für gläubige Christen und für alle Menschen mit wachem Gewissen völlig unannehmbar. Ich bitte Euch, weiterhin alle möglichen Schritte zur Änderung dieser gesetzlichen Verfügungen zu unternehmen.
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4. Nun wende ich mich den neuen Gesetzesbestimmungen über die Beratung der schwangeren Frauen in Not zu, weil diese bekanntlich für die kirchliche Sendung im Dienst am Leben und für das Verhältnis von Kirche und Staat in Eurem Land von erheblicher Bedeutung sind. Aufgrund meiner Besorgnis über die neuen Bestimmungen fühlte ich mich verpflichtet, am 21. September 1995 in einem persönlichen Brief einige Grundsätze in Erinnerung zu rufen, die in dieser Sache sehr wichtig sind. Ich lenkte Eure Aufmerksamkeit unter anderem darauf, daß die positive gesetzliche Definition der Beratung im Sinn des Lebensschutzes durch gewisse zweideutige Formulierungen abgeschwächt wird und daß die von den Beraterinnen auszustellende Beratungsbescheinigung nunmehr einen anderen juristischen Stellenwert hat als in der vorigen gesetzlichen Regelung. Ich ersuchte Euch, die kirchliche Beratungstätigkeit neu zu definieren und dabei darauf zu achten, daß die Freiheit der Kirche nicht beeinträchtigt wird und kirchliche Einrichtungen nicht für die Tötung unschuldiger Kinder mitverantwortlich gemacht werden können.
In den Vorläufigen Bischöflichen Richtlinien habt Ihr das Ziel der kirchlichen Beratung gegenüber dem Gesetz weiter im Sinn des unbedingten Lebensschutzes präzisiert. Durch diese und andere Maßnahmen habt Ihr den kirchlichen Beratungsstellen ein deutliches eigenes Profil gegeben. Im Ringen um die staatliche Anerkennung der Vorläufigen Bischöflichen Richtlinien in den einzelnen Ländern ist die eigenständige Position der Kirche in der Frage weiter zutage getreten.
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5. Umstritten blieb die Problematik der Beratungsbescheinigung, die gewiß nicht aus dem Beratungskonzept herausgelöst werden kann, aber sorgsam gemäß ihrer objektiven rechtlichen Bedeutung zu bewerten ist. In der Ansprache vom 22. Juni 1996 während meiner Pastoralreise in Deutschland stellte ich fest: “Von unserem Glauben her ist klar, daß von kirchlichen Institutionen nichts getan werden darf, was in irgendeiner Form der Rechtfertigung der Abtreibung dienen kann”.
Um in der Frage des Beratungsscheines eine Lösung zu finden, kam es –in Fortführung einer ersten Unterredung am 5. Dezember 1995– am 4. April 1997 zu einem zweiten Gespräch zwischen einer Delegation Eurer Bischofskonferenz und Vertretern der Kongregation für die Glaubenslehre, bei dem trotz einer grundlegenden Einmütigkeit in der Lehre der Kirche zum Lebensschutz und in der Verurteilung der Abtreibung wie auch in der Notwendigkeit einer umfassenden Beratung schwangerer Frauen in Not die strittige Frage der Beratungsbescheinigung nicht endgültig gelöst werden konnte. Während der Begegnung am 27. Mai 1997 wurden alle zu berücksichtigenden Elemente noch einmal in einer brüderlichen Atmosphäre freimütig und offen vorgetragen.
In meinem Auftrag, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 22, 32), richte ich mich nun wiederum an Euch, liebe Mitbrüder. Es geht nämlich um eine pastorale Frage mit offenkundigen lehrmäßigen Implikationen, die für die Kirche und für die Gesellschaft in Deutschland und weit darüber hinaus von Bedeutung ist. Auch wenn die gesetzliche Situation in Eurem Land einzigartig ist, so betrifft das Problem, wie wir das Evangelium des Lebens in der pluralistischen Welt von heute wirksam und glaubwürdig verkünden, doch die Kirche insgesamt. Der Auftrag, das Leben in allen seinen Phasen zu schützen, läßt keine Abstriche zu. Daraus folgt, daß die Botschaft und die Handlungsweise der Kirche in der Frage der Abtreibung in ihrem wesentlichen Gehalt in allen Ländern dieselben sein müssen.
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6. Ihr legt großen Wert darauf, daß die katholischen Beratungsstellen in der Schwangerenberatung öffentlich präsent bleiben, um durch eine zielorientierte Beratung viele ungeborene Kinder vor der Tötung zu retten und den Frauen in schwierigen Lebenssituationen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Seite zu stehen. Ihr unterstreicht, daß die Kirche in dieser Frage –um der ungeborenen Kinder willen– die vom Staat eröffneten Spielräume zugunsten des Lebens und der Beratung so weit wie möglich nützen muß und nicht die Verantwortung auf sich nehmen kann, mögliche Hilfeleistungen unterlassen zu haben. Ich unterstütze Euch in diesem Anliegen und hoffe sehr, daß die kirchliche Beratung kraftvoll weitergeführt werden kann. Die Qualität dieser Beratung, die sowohl den Wert des ungeborenen Lebens wie auch die Schwierigkeiten der schwangeren Frau ganz ernst nimmt und eine Lösung auf der Basis von Wahrheit und Liebe anstrebt, wird die Gewissen vieler Ratsuchender anrühren und für die Gesellschaft ein mahnender Aufruf sein.
Ich möchte in diesem Zusammenhang den Einsatz der katholischen Beraterinnen der Caritas und des Sozialdienstes katholischer Frauen sowie einiger anderer Beratungsstellen ausdrücklich hervorheben. Ich kenne den guten Willen der Beraterinnen und weiß um ihre Mühen und Sorgen. Ich möchte ihnen aufrichtig für ihr Engagement danken und sie bitten, weiterhin für jene zu kämpfen, die keine Stimme haben und ihr Lebensrecht noch nicht selber verteidigen können.
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7. Was nun die Frage der Beratungsbescheinigung betrifft, möchte ich wiederholen, was ich Euch schon im Brief vom 21. September 1995 geschrieben habe: “Sie bestätigt, daß eine Beratung stattgefunden hat, ist aber zugleich ein notwendiges Dokument für die straffreie Abtreibung in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft”. Ihr selber habt diese widersprüchliche Bedeutung des Beratungsscheines, die im Gesetz verankert ist, mehrmals als “Dilemma” bezeichnet. Das “Dilemma” besteht darin, daß die Bescheinigung die Beratung zugunsten des Lebensschutzes bestätigt, aber zugleich die notwendige Bedingung für die straffreie Durchführung der Abtreibung bleibt, auch wenn sie gewiß nicht deren entscheidende Ursache ist.
Der positive Text, den Ihr dem von katholischen Stellen ausgestellten Beratungsschein gegeben habt, kann diese widersprüchliche Spannung nicht grundsätzlich beheben. Die Frau kann den Schein aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen dazu gebrauchen, um nach einer dreitägigen Frist ihr Kind straffrei und in öffentlichen Einrichtungen und zum Teil auch mit öffentlichen Mitteln abtreiben zu lassen. Es ist nicht zu übersehen, daß der gesetzlich geforderte Beratungsschein, der gewiß zuerst die Pflichtberatung sicherstellen will, faktisch eine Schlüsselfunktion für die Durchführung straffreier Abtreibungen erhalten hat. Die katholischen Beraterinnen und die Kirche, in deren Auftrag die Beraterinnen in vielen Fällen handeln, geraten dadurch in eine Situation, die mit ihrer Grundauffassung in der Frage des Lebensschutzes und dem Ziel ihrer Beratung in Konflikt steht. Gegen ihre Absicht werden sie in den Vollzug eines Gesetzes verwickelt, der zur Tötung unschuldiger Menschen führt und vielen zum Ärgernis gereicht.
Nach gründlicher Abwägung aller Argumente kann ich mich der Auffassung nicht entziehen, daß hier eine Zweideutigkeit besteht, welche die Klarheit und Entschiedenheit des Zeugnisses der Kirche und ihrer Beratungsstellen verdunkelt. Deshalb möchte ich Euch, liebe Brüder, eindringlich bitten, Wege zu finden, daß ein Schein solcher Art in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird. Ich ersuche Euch aber, dies auf jeden Fall so zu tun, daß die Kirche auf wirksame Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen präsent bleibt.
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8. Verehrte Mitbrüder! Ich weiß, daß die Bitte, die ich an Euch richte, ein nicht leichtes Problem anrührt. Schon seit langem und verstärkt seit der Begegnung vom 27. Mai 1997 ist von vielen Seiten, auch von Menschen, die sich für die Kirche und in der Kirche einsetzen, nachdrücklich vor einem solchen Entscheid gewarnt worden, der die Frauen in Konfliktsituationen ohne den Beistand der Glaubensgemeinschaft lasse. Ebenso nachdrücklich ist freilich auch von gläubigen Menschen aller Schichten und Stände angemahnt worden, daß der Schein die Kirche in die Tötung unschuldiger Kinder verwickelt und ihren unbedingten Widerspruch gegen die Abtreibung weniger glaubwürdig macht.
Ich habe beide Stimmen sehr ernst genommen und respektiere die leidenschaftliche Suche nach dem rechten Weg der Kirche in dieser wichtigen Sache auf beiden Seiten, fühle mich aber um der Würde des Lebens willen gedrängt, die oben dargelegte Bitte an Euch zu richten. Zugleich anerkenne ich, daß die Kirche sich ihrer öffentlichen Verantwortung nicht entziehen kann, am allerwenigsten da, wo es um das Leben und die Würde des Menschen geht, den Gott geschaffen und für den Christus gelitten hat. Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz bietet viele Möglichkeiten, um in der Beratung präsent zu bleiben; die Präsenz der Kirche darf letztlich nicht vom Angebot des Scheins abhängen. Nicht nur der Zwang einer gesetzlichen Vorschrift darf es sein, der die Frauen zu den kirchlichen Beratungsstellen führt, sondern vor allem die sachliche Kompetenz, die menschliche Zuwendung und die Bereitschaft zu konkreter Hilfe, die darin anzutreffen sind. Ich vertraue darauf, daß Ihr mit den vielfältigen Möglichkeiten Eurer Institutionen und Eurer Organisationen, mit dem reichen Potential an intellektuellen Kräften wie an Innovationsfähigkeit und Kreativität Wege finden werdet, die Präsenz der Kirche in der Beratung nicht nur nicht vermindern zu lassen, sondern noch zu verstärken. Ich bin davon überzeugt, daß Ihr in der geistigen Auseinandersetzung, die in der Gesellschaft Eures Landes bereits stattfindet und die nun folgen wird, alle Eure Kräfte mobilisieren könnt, um den Weg der Kirche nach innen und nach außen verständlich zu machen, so daß er auch dort wenigstens Respekt findet, wo man nicht glaubt, ihn billigen zu können.
Daß die Kirche den Weg des Gesetzgebers in einem konkreten Punkt nicht mitgehen kann, wird ein Zeichen sein, das gerade im Widerspruch zur Schärfung des öffentlichen Gewissens beiträgt und damit letztlich auch dem Wohl des Staates dient: “Das Evangelium vom Leben ist nicht ausschließlich für die Gläubigen da: es ist für alle da. ...Unser Handeln als ‘Volk des Lebens und für das Leben’ verlangt daher, richtig ausgelegt und mit Sympathie aufgenommen zu werden. Wenn die Kirche die unbedingte Achtung vor dem Recht auf Leben jedes unschuldigen Menschen –von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod– zu einer der Säulen erklärt, auf die sich jede bürgerliche Gesellschaft stützt, ‘will sie lediglich einen humanen Staat fördern. Einen Staat, der die Verteidigung der Grundrechte der menschlichen Person, besonders der schwächsten, als seine vorrangige Pflicht anerkennt’” (Evangelium vitae, Nr. 101)[2].
Noch einmal danke ich Euch für Euer vielfältiges Bemühen, das Leben der ungeborenen Kinder zu schützen, und ebenso für Eure Bereitschaft, die katholische Beratungstätigkeit neu zu umschreiben. Ich empfehle die Euch anvertrauten Gläubigen –im besonderen die in der Beratung engagierten Frauen und Männer sowie alle schwangeren Frauen in Not– Maria, der Mutter vom Guten Rat, und erteile Euch von Herzen den Apostolischen Segen.
[OR 28.I.1998, 5]
[2]. [1995 03 25b/ 101]