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4. En su acción evangelizadora, la Iglesia se esfuerza en invitar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir una sociedad basada en valores fundamentales e irrenunciables para un orden nacional e internacional justo y digno del ser humano. Esto va unido a su misión religiosa y tiene un carácter ético de alcance universal, fundado en la inigualable dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios, de la que nacen sus derechos inalienables, que precisamente las instituciones públicas han de servir y promover, según el clásico principio de subsidiariedad. Así, la convivencia humana, en vez de obedecer únicamente a intereses parciales o pasajeros, se debe regir por los ideales de libertad, justicia y solidaridad.

Desde esta perspectiva, es conveniente poner de manifiesto la incoherencia de ciertas tendencias de nuestro tiempo que, mientras por un lado magnifican el bienestar de las personas, por otro cercenan de raíz su dignidad y sus derechos más fundamentales, como ocurre cuando se limita o instrumentaliza el derecho fundamental a la vida, como es el caso del aborto. Proteger la vida humana es un deber de todos, pues la cuestión de la vida y de su promoción no es prerrogativa solamente de los cristianos, sino que pertenece a toda conciencia humana que aspira a la verdad y se preocupa por la suerte de la humanidad. Los responsables públicos, en cuanto garantes de los derechos de todos, tienen la obligación de defender la vida, en particular la de los más débiles e indefensos. Las verdaderas “conquistas sociales” son las que promueven y tutelan la vida de cada uno y, al mismo tiempo, el bien común de la sociedad.

En este campo se dan algunas mal llamadas “conquistas sociales”, que lo son en realidad sólo para algunos a costa del sacrificio de otros, y que los responsables públicos, garantes y no origen de los derechos innatos de todos, deberían considerar más bien con preocupación y alarma.

Algo similar sucede en ocasiones con la familia, núcleo central y fundamental de toda sociedad, ámbito inigualable de solidaridad y escuela natural de convivencia pacífica, que merece la máxima tutela y ayuda para cumplir sus cometidos. Sus derechos son primarios respecto a cuerpos sociales más amplios. Entre tales derechos no se ha de olvidar el de nacer y crecer en un hogar estable, donde las palabras padre y madre puedan decirse con gozo y sin engaño. Así se prepara también a los más pequeños a abrirse confiadamente a la vida y a la sociedad, que se beneficiará en su conjunto si no cede a ciertas voces que parecen confundir el matrimonio con otras formas de unión del todo diversas, cuando no contrarias al mismo, o que parecen considerar a los hijos como meros objetos para la propia satisfacción.

Entre otros, la familia tiene el derecho y el deber de educar a los hijos, haciéndolo de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, pues la formación integral no puede eludir la dimensión trascendente y espiritual del ser humano. En este contexto se plantea el papel de las instituciones educativas vinculadas a la Iglesia, que contribuyen al bien común, así como tantas otras que en diversos ámbitos prestan también un servicio a los ciudadanos, a menudo a los menos favorecidos. Tampoco se debe infravalorar la enseñanza de la religión católica en las instituciones estatales, basada precisamente en el derecho de las familias que lo solicitan, sin discriminaciones ni imposiciones.

[Insegnamenti GP II, 27/1 (2004), 817-818]