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En efecto, como usted sabe, Señor Embajador, la Iglesia impulsa a los creyentes a que amen la justicia y participen honestamente en la vida pública o profesional con sentido de respeto y solidaridad, para “promover orgánica e institucionalmente el bien común” (Encíclica Deus caritas est, 29). También está comprometida en la promoción y defensa de los derechos humanos, por la alta consideración que tiene de la dignidad de la persona en su integridad, en cualquier lugar o situación en que se encuentre. Pone todo su empeño, con los medios que le son propios, en que ninguno de esos derechos sea violado o excluido, tanto por parte de los individuos como de las instituciones.

Por eso, la Iglesia proclama sin reservas el derecho primordial a la vida, desde su concepción hasta su ocaso natural, el derecho a nacer, a formar y vivir en familia, sin que ésta se vea suplantada u ofuscada por otras formas o instituciones diversas. A este respecto, el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar próximamente en territorio español, en Valencia, y que espero con ilusión, me dará oportunidad de celebrar la belleza y la fecundidad de la familia fundada en el matrimonio, su altísima vocación y su imprescindible valor social.

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3. La Iglesia insiste también en el derecho inalienable de las personas a profesar sin obstáculos, tanto pública como privadamente, la propia fe religiosa, así como el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación acorde con sus propios valores y creencias, sin discriminación o exclusión explícita o encubierta. A este propósito, es para mí un motivo de satisfacción constatar la gran demanda de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas españolas, lo cual significa que la población reconoce la importancia de dicha asignatura para el crecimiento y formación personal y cultural de los jóvenes. Esta importancia para el desarrollo de la personalidad del alumno es el principio básico del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la enseñanza y asuntos culturales, en el cual se establece que la enseñanza de la religión católica se impartirá “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” (art. 2).

[Insegnamenti BXVI, II/1 (2006), 651-652]