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[...] Así pues, la libertad religiosa no sólo es un derecho del individuo, sino también de la familia, de los grupos religiosos y de la Iglesia misma (cf. Dignitatis humanae, 4-5. 13), y el ejercicio de este derecho influye en los múltiples ámbitos y situaciones donde el creyente se encuentra y actúa. Por tanto, un adecuado respeto del derecho a la libertad religiosa implica que el poder civil tiene la obligación de “crear condiciones propicias para fomentar la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de su religión, y la sociedad misma goce de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad” (ib., 6). [...]

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[...] La libertad que reivindican la Iglesia y los cristianos no va en perjuicio de los intereses del Estado o de otros grupos sociales, y no tiende a una supremacía autoritaria sobre ellos; más bien, es la condición para que, como dije durante la reciente Asamblea nacional eclesial que tuvo lugar en Verona, se pueda prestar el valioso servicio que la Iglesia ofrece a Italia y a todos los países donde está presente. Ese servicio a la sociedad, que consiste principalmente en “dar respuestas positivas y convincentes a las expectativas y a los interrogantes de nuestra gente” (Discurso a los participantes en la Asamblea nacional eclesial en Verona, 19 de octubre de 2006: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 27 de octubre de 2006, p. 9), ofreciendo a su vida la luz de la fe, la fuerza de la esperanza y el calor de la caridad, se expresa también con respecto al ámbito civil y político. En efecto, aunque es verdad que, por su naturaleza y su misión, “la Iglesia no es y no quiere ser un agente político”, sin embargo, “tiene un profundo interés por el bien de la comunidad política” (ib.).

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Esta aportación específica la dan principalmente los fieles laicos, los cuales, actuando con plena responsabilidad y haciendo uso del derecho de participación en la vida pública, se comprometen juntamente con los demás miembros de la sociedad a “construir un orden justo en la sociedad” (ib.). Por lo demás, en su acción se apoyan en “valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano” (ib.), que se pueden reconocer también mediante el recto uso de la razón.

Así, cuando se comprometen con la palabra y con la acción a afrontar los grandes desafíos actuales –las guerras y el terrorismo, el hambre y la sed, la extrema pobreza de tantos seres humanos, algunas terribles epidemias, y también la defensa de la vida humana en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural, y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio y primera responsable de la educación– no actúan por un interés peculiar o en nombre de principios perceptibles únicamente por quien profesa un determinado credo religioso; en cambio, lo hacen en el contexto y según las reglas de la convivencia democrática, por el bien de toda la sociedad y en nombre de valores que toda persona de recto sentir puede compartir. Lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los valores que he mencionado están proclamados también por la Constitución italiana, la cual fue elaborada, hace ya sesenta años, por hombres de diversas posiciones ideales.

[Insegnamenti BXVI, II/2 (2006), 650-652]