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[4.] […] La Iglesia no busca privilegios ni pretende asumir las responsabilidades que corresponden a las instituciones políticas; respetando la legítima laicidad del Estado, está atenta a sostener los derechos fundamentales del hombre. Entre estos están ante todo las instancias éticas y por tanto la apertura a la trascendencia, que constituyen valores previos a cualquier jurisdicción estatal, en cuanto que están inscritos en la naturaleza misma de la persona humana. En esta perspectiva, la Iglesia –con la fuerza de una reflexión colegial y de la experiencia directa sobre el terreno– sigue dando su propia contribución a la construcción del bien común, recordando a cada uno su deber de promover y tutelar la vida humana en todas sus fases y de sostener de forma efectiva a la familia; esta, de hecho, sigue siendo la primera realidad en la que pueden crecer personas libres y responsables, formadas en los valores profundos que abren a la fraternidad y que permiten afrontar también las adversidades de la vida. Entre estas se encuentra hoy la dificultad para acceder a un empleo pleno y digno: me uno, por ello, a cuantos piden a la política y al mundo empresarial que realicen todos los esfuerzos necesarios para superar la generalizada precariedad laboral, que en los jóvenes pone en peligro la serenidad de un proyecto de vida familiar, con grave daño para un desarrollo auténtico y armonioso de la sociedad.